Las renovables acusan al Gobierno de afán recaudatorio

Feli Agustín
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Fotovoltaicas y eólicas rechazan de plano el nuevo impuesto, que supondrá alrededor de 4,3 millones. Critican que es el más elevado del país y acarreará una subida de la tarifa para los consumidores

Paneles solares en un parque fotovoltaico en los alrededores de Pradejón. - Foto: Óscar Solorzano

En plena guerra de las energéticas y el Gobierno de España por su intención de mantener de forma permanente el impuesto extraordinario que les aplica, varias comunidades autónomas, incluida La Rioja, han previsto la imposición de tributos a las renovables, una medida que ha encontrado el frontal rechazo de las patronales de fotovoltaicas y eólicas. Con argumentos similares, razonan que la introducción del nuevo gravamen acarreará una doble imposición para las empresas y lastrará el desarrollo de las renovables, la energía que ha de iluminar el futuro. En concreto, la intención del Gobierno de La Rioja, según reza el proyecto de ley de medidas fiscales para el año próximo, es modificar la base imponible del impuesto sobre el impacto visual y medioambiental, que, junto al producido por las redes de suministro, tanto eléctricos, como telefónico o telemáticos, «añade las instalaciones de energías renovables, considerando como tales los parques eólicos y solares fotovoltaicos».

«El Gobierno pone como excusa el paisaje, cuando entendemos que se trata de un afán meramente  recaudatorio», argumenta Javier Zurbano, delegado territorial ?de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que señala que no tiene finalidad compensatoria, aspecto en el que coincide Heikki Willstedt,  director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que apunta que, al contrario que en otros territorios, como Aragón, no contempla un destino medioambiental específico.

Ambos resaltan que las renovables sufrirán una duplicación impositiva porque las instalaciones han debido superar previamente a su instalación un estudio de impacto medioambiental, evaluación que ya establece medidas  preventivas, correctoras o compensatorias que ya conllevan un coste, como el apantallamiento de las plantas o la restauración de la zona.

El representante de UNEF muestra su «incomprensión» por una decisión que supone un viraje a la política europea, que contempla un importante inyección económica para el autoconsumo de renovables, mientras «nosotros ponemos palos en las ruedas». «Ellos dicen renovables sí, pero no así, cuando lo que quieren decir es renovables sí, pero no aquí», critica del responsable de la UNEF.

El más elevado de España.  El Gobierno espera recaudar, según refleja el proyecto presupuestario, 4.3 millones de euros, de los que alrededor de 3,6 corresponderán a eólicas y fotovoltaicas y el resto a las redes de luz, teléfono e internet.

Se da la circunstancia, según denuncian ambas patronales, que es el impuesto más elevado de todas las comunidades del país. «La Rioja ha adoptado la postura maximalista», reprocha el restante de las fotovoltaicas, que considera que están «demonizando» a un sector «súperregulado».

Willstedt recuerda que el establecimiento de un nuevo tributo incrementará el coste de funcionamiento de las plantas lo que aumenta, consecuentemente, el precio de la electricidad, directa o indirectamente. «Y ello se reflejarán, no solo en el bolsillo de los riojanos, sino en el de todo el país», señala el representante de la AEE, que entiende que se trata de una solución «demagógica, que duplica el impuesto y ahuyenta a los empresarios, en vez de buscar sinergias y remar todos en el mismo sentido».

Zurbano coincide en la misma reflexión y apunta que el Gobierno riojano ha tomado una dirección errónea, que no favorece los intereses de los ciudadanos al encarecer la producción. «Debería trabajar por un precio de la energía más barato, buscando fomentar la ventaja competitiva de la producida en la región», señala el representante de UNEF, que denuncia la «inseguridad jurídica» que introduce el gravamen al que han de hacer frente los primeros parques, instalados en 2004/2005. 

«¿Y ahora, 20 años después, se les aplica el impuesto con la excusa de daño medioambiental?», clama Zurbano, que reprocha el cambio de reglas del juego «que ahuyenta a los inversores».

Recuerda que se replica la situación que se vivió en el país de 2012 cuando, un cambio en la legislación «arruinó» a un gran número de inversores a los que el Estado había alentado a fijar su mirada en las renovables. 

«Es un contrasentido entre lo que queremos hacer y lo que hacemos, queremos promover las renovables y les imponemos   más impuestos, entre los objetivos que tenemos como sociedad y la realidad tributaria», concluye Willstedt.

La «excusa» de la moratoria

Javier Zurbano recuerda la moratoria a los proyectos renovables, que aprobó el 23 de enero el Parlamento riojano para impedir el paso por esta comunidad de la línea  Tauste-Jundiz.  Al respecto, apunta que en el 85% del territorio de La Rioja está prohibida la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos, incluidas las líneas que les conectan con la red eléctrica por lo que entiende que «ya contábamos con herramientas» regulatorias en para la protección del paisaje por lo que entiende que la moratoria no es sino otra excusa.  

«Hay bastantes proyectos fotovoltaicos suspendidos, a la espera del fin de la moratoria», señala el representante de UNEF, que recuerda que el cambio climático no espera.