Un auto judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) a mediados de julio admitía, a instancias de la Asociación para la Defensa del Lobo (Ascel), que el decreto que regula el Plan de Extracción del Lobo carece de cobertura legal para establecer la posibilidad de sacar un determinado porcentaje de ejemplares del territorio de La Comunidad, un cupo fijado en el 6%. Un porcentaje que el TSJR ve aleatorio y para el que dictaminó la suspensión cautelar hasta la emisión de un sentencia tras el citado recurso de la Asociación.
De hecho, un segundo auto del mismo Tribunal instó al Gobierno de La Rioja la semana pasada a dar la publicidad correspondiente a la medida cautelar a través de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
Con estos antecedentes en la mano, el área de Agricultura regional trabaja ya en un nuevo documento, o la modificación del Plan con el objetivo de eliminar el ya popular 6% y dejar la medida abierta a las necesidades concretas en función del número de ataques al ganado en un mismo emplazamiento y en un tiempo determinado.
Así lo trasladó Agricultura el pasado martes a las organizaciones agrarias en el transcurso de una reunión convocada con diferentes puntos sobre la mesa, entre ellos, y ante la preocupación del sector ganadero, la expansión del lobo.
La eliminación del porcentaje cae bien entre los sindicatos si bien, Gobierno y organizaciones agrarias mantienen diferencias en cuanto a los plazos. Noemí Manzanos se mostró partidaria de aprobar la citada modificación una vez que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja emita su sentencia al respecto pero el sector ganadero lo considera un asunto de extrema urgencia. Tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), vinculada a UGT, como Arag-Asaja, urgen a dar luz verde a la modificación o a un nuevo decreto sin esperar la resolución del TSJR. «Estamos comprobando -señala- José Domingo Ceniceros, ganadero, miembro de UPA y alcalde del Ayuntamiento de Castroviejo- que el lobo no es una especie en extinción, es una especie claramente en expansión».
Igor Fonseca, secretario general de Arag-Asaja, por su parte, considera que la eliminación de ese 6% «permitiría salvar» el problema de falta de cobertura legal que plantea la Justicia y saltar un escollo que impide actuar ante «un lobo que cada vez llega más abajo. Lo tenemos ya -añade Fonseca- debajo de Moncalvillo».
Agricultura, siempre en base a los datos trasladados por las organizaciones agrarias, introducirá más novedades en la modificación o en la elaboración del nuevo Plan que, de momento, no han trascendido. De hecho, desde Arag muestran interés en conocer su contenido «para así poder plantear observaciones». También se encuentran a la espera de que el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) convoque la comisión que aborda las especies protegidas.
Sin colores políticos. Desde Castroviejo, municipio en el que las últimas semanas se han certificado varias muertes de ovejas bajo la dentellada del cánido, su alcalde socialista huye de colores políticos cuando habla del lobo. «En La Rioja gobiernan unos y en España otros y es imposible ponerse de acuerdo», señala. Mientras tanto, como coinciden las organizaciones agrarias, «el tema vempeora».
Ahora bien, desde Ascel, la asociación de defensa del lobo que interpuso el recurso contra el Plan de Extracción del Lobo del Gobierno de La Rioja, insisten en que la información que publican los medios de comunicación alrededor del cánido está rodeada de «sensacionalismo» y aseguran que «no existen evidencias genéticas y pruebas irrefutables de la autoría real» del ataque al ganado ovino. Tampoco, dice Ascel, «se acreditan métodos y medios de prevención» por parte de los ganaderos, y «no exponer lo que están cobrando de la PAC los damnificados», indica la Asociación con sede en Asturias.