Pablo Rubio rompe un incómodo silencio que ha escudado todas y cada una de las voces con responsabilidad moral y política para abordar los casos de prostitución de menores tuteladas dependientes de los Servicios Sociales de la Comunidad autónoma. Y rompe el silencio para admitir que «teníamos constancia de estos hechos y se adoptaron medidas de prevención». Más allá de los resultados, Rubio da la cara sobre un tema que salpicó a numerosos pisos de acogida a lo largo y ancho de la geografía española y del que, en el caso de La Rioja, se desconoce su alcance.

El máximo responsable de los Servicios Sociales autonómicos durante la legislatura comandada por la socialista Concha Andreu desconoce el número de casos que se pudieron producir entre 2019 y 2023 (tomó posesión de su cargo en agosto de 2020). «Es algo que sabrán mejor el entonces director general de Servicios Sociales (Pablo González), los actuales responsables de los Servicios Sociales o y los dirigentes de la Fundación Diagrama (adjudicataria externa de la gestión de estos centros)». Con el primero ha resultado imposible contactar. Los segundos declinan hacer declaraciones al respecto y el director de Diagrama en La Rioja incluso se aventuró a cuestionar la veracidad de alguno de los casos judicializados publicados por El Día de La Rioja.

Rubio admite que «teníamos constancia de estos hechos» si bien, insiste en no conocer «en concreto» el caso de las, al menos cuatro menores de la residencia Iregua, que fueron prostituidas por un hombre a cambio de dinero y droga entre los años 2016 y 2022 y que se encuentra actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño.

«Cada vez que se conocía un caso el Servicio de Protección al Menor de la Consejería lo ponía en manos de la fiscalía», señala el exconsejero. «A partir de ahí -prosigue- Servicios Sociales realizaba un seguimiento» del procedimiento.  No hay constancia, al menos de los casos que han trascendido en el ámbito de La Rioja, que en ninguno de ellos se personara en la causa la Comunidad. Un extremo que desconoce también Pablo Rubio.

El 6 de febrero de 2022, el entonces consejero de Políticas Sociales presentaba un plan de choque sobre Violencia Sexual en Menores Tutelados a instancias de la Administración del Estado en un momento en el que trascendía un continuo de goteo de casos por toda España y también La Rioja.

Es precisamente, una de las medidas a las que hace referencia Rubio dirigidas a la prevención y a la detección precoz de menores tutelados sumergidos en situaciones de explotación sexual. 

A todo ello, el ministerio de Igualdad, capitaneado entonces por Irene Montero, repartía un montante económico de 800.000 euros entre las comunidades autónomas «para el refuerzo de la formación a los profesionales que trabajan en los centros de protección para fomentar la detección, atención y apoyo a los y las menores víctimas de explotación sexual y trata». Era agosto de 2022. Cerca de dos años después, Igualdad hizo balance de las actuaciones emprendidas por las regiones españolas. Siete autonomías gastaron cero euros y La Rioja empleó el 41,8% de su partida en un curso de formación para trabajadores de centros tutelados. Otras como la  Comunitat Valenciana realizó trece actividades, doce en Castilla y León o nueve en Andalucía, entre otras. 

En cualquier caso, el fin último del plan de coche «era evitar situaciones de riesgo y en el momento en que se detectaban, denunciar».

Problemática compleja. En cualquier caso, no ha trascendido si alguien, en algún momento, pudo medir la envergadura de los casos de menores tuteladas y tutelados que cayeron en situaciones de prostitución. Los casos conocidos desvelan al menos 16 víctimas, pero podrían ser muchas más. «Es una situación compleja», argumenta Pablo Rubio. «Son menores en situaciones de extrema vulnerabilidad y el objetivo de Servicios Sociales era buscar su integración». Las incidencias, recuerda el exconsejero, «las trataban los técnicos». 

Hay quien, bajo el anonimato, asegura que los casos de prostitución de las menores de la residencia Iregua fueron las gotas que colmaron el vaso. Pablo Rubio lo niega con rotundidad. «Se apostó por un modelo de acogimiento lo más próximo posible a entornos familiares». De ahí la apertura de «pisos de ocho plazas descartando espacio de treinta», concluye el exconsejero.

«Las fugas de los pisos de acogida se siguen dando cada fin de semana»

Los sistemas informáticos de la Jefatura Superior de Policía recibe «prácticamente todos los fines de semana» algún correo electrónico procedente de un centro de protección de menores de la capital riojana. Hace tiempo ya que se sustituyeron las denuncias in situ por los emails ante las constantes fugas de menores tutelados por los Servicios Sociales de la Comunidad riojana. Los responsables de los pisos están obligados a denunciar ante la Policía cuando los menores no regresan a las horas establecidas. En el momento en el que se recepciona la comunicación, se activa el protocolo de búsqueda. 

«Hay veces que los encuentras por zonas de ocio», señalan fuentes próximas y acostumbradas a trabajar en este tipo de actuaciones. «Se les traslada a su piso pero  incluso hay veces que esa misma noche se vuelve a ir y en los centros no pueden hacer nada para retenerlos».

Las fugas han sido constantes  y «lo siguen siendo. Prácticamente todos los fines de semana» llega uno de esos emails comunicando la ausencia de alguno o alguna de las menores tuteladas. 

«Hay veces que se sabe que el menor se encuentra en casa de algún amigo y en esos casos no se puede hacer. Por lo general -prosiguen las mismas fuentes- el domingo regresa al centro de acogimiento». En ese momento, los responsables de los pisos remiten otro correo electrónico a la Jefatura de Policía a efectos de retirar o anular la denuncia registrada por vía telemática el viernes anterior. 

«Son jóvenes y como a la mayoría de los jóvenes les gusta salir pero son carne de cañón». Se refiere así el interlocutor a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos menores. «No tienen dinero ni recursos y salir conlleva un gasto. Están totalmente expuestos».

Relatan así las fuentes consultadas por El Día de La Rioja el contexto que llevó a, al menos 16 menores tuteladas, a caer en situaciones de prostitución, en muchos de los casos, a cambio de dinero y droga. 

«Suelen ser siempre los mismos menores de entre 14 y 17 años y el 90% de las veces este tipo de fugas se produce durante el fin de semana». Hay que tener en cuenta que la Policía se encarga de las búsquedas y del traslado a los jóvenes a los centros de acogida. «Pero la responsabilidad es de Servicios Sociales».