Un millón y medio de españoles, de los que 10.500 -8.000 empleados públicos y 2.500  familiares beneficiarios- son riojanos, asisten con incertidumbre a las conversaciones que mantienen el Gobierno español  y las aseguradoras  para renovar el convenio que presta cobertura sanitaria a los funcionarios de la administración del Estado y los docentes, un proceso negociador que camina por un terreno muy espinoso.

La última oferta del Ejecutivo central de subir las primas el 17% no ha convencido a las aseguradoras que prestan el servicio, Adeslas, Asisa y DKV,  que tienen de plazo hasta el 25 de noviembre para dar una respuesta que, de no ser afirmativa, obligaría a los sistemas públicos de salud, en este caso al Seris, a ofrecer una cobertura a miles de ciudadanos que ahora reciben de la sanidad privada.

Mari Cruz Lázaro, delega de Administración Central del sindicato CSIF, critica que se «ha dejado de invertir» en Muface y la atención de los funcionarios se ha visto perjudicada.

Asegura que el servicio que ofrecen las aseguradoras «es mucho más barato» que el que se presta en el servicio público y comparte los argumentos de Adeslas, Asisa y DKV, que, «con toda razón del mundo», alegan que tienen pérdidas, ya que no pueden afrontar la atención médica a cada mutualista al precio que se está pagando, «que tiene mucha diferencia con el precio de una consulta de la Seguridad Social».

Campaña política. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que fue creada a mediados de 1975 -anterior al actual modelo de Seguridad Social-,  es un sistema que Mónica García, ministra de Sanidad, considera anacrónico, pero  también ha señalado que su eliminación no es un asunto que esté encima de la mesa.

No obstante, la responsable de CSIF apunta que las dificultades para la renovación del convenio obedecen a una campaña política. «Desde que entró el Gobierno ya dijo que iba a desaparecer Muface», señala Lázaro que argumenta que, si se quiere culminar este objetivo, hay que realizar una importante inversión en la sanidad pública, «que ahora está fatal».

 «Si al millón y media nos meten en el sistema, lo colapsamos», argumenta la responsable sindical, que apela a crear más camas hospitalarias, contratar más personal y contar con más consultas para disponer de una infraestructura que permita asumir a todo el personal de Muface. 

Afirma que no les supondría «ningún problema», de hecho, lamenta que las mutuas tienen dificultades para atender a pacientes oncológicos, «pero al sistema público no podemos ir de golpe».

UGT mantiene una postura muy cauta al respecto y desde la organización federal se han limitado a señalar que se encuentran  «vigilantes y atentos»  al proceso de renovación del concierto con el fin de defender los derechos de asistencia sanitaria de los mutualistas.

El sindicato se mueve en una cuerda floja entre, precisamente, la defensa de sus asociados que se benefician de la sanidad privada y su posicionamiento como sindicato de clase, cuya filosofía se asienta en la prestación del servicio por  el sistema público.

El Consejo de Ministros aprobó el martes la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,1%,  por encima del 14% que habían ofrecido, pero lejos del 27% que plantean las aseguradoras.

La cuantía total asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. 

El Gobierno ha indicado que, en los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido de media de un 4,4%. Tras esta subida, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,1 euros a 1.208,8 euros en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,7 euros.

La postura de Salud. La hipotética desaparición de Muface pondría en un brete a los servicios públicos de salud de todo el país, que deberán asumir la asistencia sanitaria que ahora presta la sanidad privada gracias al convenio con el Estado.

Al respecto, la  Consejería de Salud ha señalado, a preguntas de este periódico, que espera que el Ministerio sea «sensible» a la situación de «emergencia nacional» debida a la falta de profesionales sociosanitarios a la hora de tomar una decisión sobre el futuro de Muface. «Esperamos que  contemple, estudie y medite bien esta realidad teniendo en cuenta el mayor beneficio de los ciudadanos antes de tomar una decisión», señalan desde el departamento dirigido por María Martín. Asegura que el Servicio Riojano de Salud está poniendo todos los medios de su parte -esfuerzo presupuestario incluido- en contratación de personal y en un plan de captación de profesionales para descongestionar la tensión asistencial que soporta el ecosistema sociosanitario en toda España y, por tanto, en la región derivado de la falta de profesionales.