La decisión sin precedentes adoptada el viernes por el conjunto de los operadores del vino de La Rioja -desde las asociaciones de productores, a cooperativas y bodegas- de armarse en un frente común ante lo que entienden «falta de compromiso» del Gobierno regional ante la crisis del sector ha hecho reaccionar al Ejecutivo de Andreu, cuya consejera de Agricultura, Eva Hita, avanzó ayer que se abonará una prima de 0,9 a 1,1 euros el litro para la destilación.
Este anuncio no ha logrado aplacar los ánimos del sector, que mantiene sus críticas ante la adopción de medidas que llegan tarde y que no fijan ni la cuantía, ni el origen de las ayudas. La consejera de Agricultura avanzó que no serán inferiores a 80 céntimos -que es la suma mínima que se ha solicitado desde el Consejo Regulador-, aunque la cifra exacta se determinará de acuerdo al volumen que se pretende destilar, que se conocerá el próximo miércoles, 10 de mayo. Será el mediodía de la víspera cuando se cierre del plazo abierto ayer por la Consejería para que los interesados en eliminar vino comuniquen el volumen que quieren retirar y el porcentaje que supone sobre las existencias amparadas, según figura en el formulario que ha remitido a los operadores. Será esta información, explica el departamento dirigido por Eva Hita, la que se tomará como eje para fijar la cuantía con la que se primará el litro de vino destruido, que oscilará entre 0,90 y 1,10 euros, a imagen y semejanza de lo ya aprobado por el Gobierno vasco.
Eduardo Pérez, presidente de ARAG-Asaja, discrepa de la bondad de esta exigencia porque argumenta que antes de decidir si se destila «se deben conocer» las condiciones para ello, aunque destaca que debe ser igual a la decidida por el Gobierno vasco «para que todos los viticultores de Rioja gocen de los mismos beneficios».
El representante de la mayor organización de productores lamenta la tardanza en la asunción de medidas, «porque ya se les explicó antes de Navidad» la complicada situación por la que transita el sector «y a 2 de mayo se nos envía un formulario». «Las fechas son las que son y el tiempo se nos echa encima», constata Pérez, que muestra su incomprensión ante la petición sobre el volumen de litros a destilar «cuando esa información ya se la han facilitado» desde el Consejo y las asociaciones, que han cuantificado la cifra en 60 millones en dos años en el conjunto de la Denominación, de los que aproximadamente 42 corresponden a La Rioja.
Roberto Salinas, representante de la Unión de Agricultores, destaca que es muy positiva la ayuda que ha previsto el Gobierno riojano, «igual a la del País Vasco», y espera que las bodegas sean «claras» y manifiesten con sinceridad el vino que pretende destilar. No obstante, confía en que «no se especule» con esta medida y argumenta que «si una bodega ha comprado una cántara a 10 o 12 euros, ahora con la destilación no la venda a 17».Por ello, apela a que en el reparto de las ayudas se prioricen las cooperativas y bodegas que «no hayan realizado una transacción».
Falta diligencia. Juan Carlos Sancha, representante de Bodegas Familiares, se muestra muy crítico con la gestión del Gobierno de La Rioja, cuya actuación contrapone a la del Ejecutivo vasco que, además de determinar las ayudas para la destilación, compensará a sus viticultores por la bajada de rendimientos a un 90%. «El Gobierno vasco ha hecho los deberes magníficamente bien, y aquí no hemos sentido la mismo ilusión y empuje», afirma el bodeguero, que coincide con el representante de Asaja en que hace un mes y medio se conoce el acuerdo para destilar 60 millones de litros y «ahora nos preguntan que cuántos queremos, una petición que no se realizó para la vendimia en verde». En tono de reproche, considera que debían haber actuado de manera «mucho más diligente» porque si la ayuda llega, va a ser tarde. «Si no quitamos vino, los precios de Rioja van a caer», vaticina, y pide la adopción de iguales decisiones en el conjunto de la Denominación.
El responsable del Grupo Rioja, Íñigo Torres, valora «todos los esfuerzos» que realce el Gobierno para captar ayudas, pero exige conocer cuál va a ser el volumen de las primas y de dónde provienen los fondos. «Y eso es lo que seguimos sin saber», afirma el director general del Grupo Rioja, que explica que el origen de los fondos determinará el futuro de los litros destilados, bien uso industrial o de boca «de mayor valor». Coincide con otros operadores en que «corre prisa» tomar decisiones y afirma que los excedentes afectan a todas las bodegas, «grandes, medianas y, especialmente, las más pequeñas».
Vendimia en verde. La cosecha en verde, una de las medidas adoptadas para frenar la producción de uva y, consecuentemente, el aumento de vino en bodega, no ha logrado convencer a los viticultores de La Rioja. Solo unas horas antes de la finalización del plazo para su solicitud -a las 14.00 de ayer, 2 de mayo-, menos de mil hectáreas de las 46.000 plantadas en territorio de esta comunidad se habían registrado para la eliminación total de los racimos de uvas para vinificación cuando todavía están inmaduros.
Estas ayudas, puestas en marcha con la finalidad de evitar crisis de mercado y recobrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, se han elevado en La Rioja a 60 céntimos por kilo para tintas y 49 para las blancas, una vez que el Gobierno de La Rioja «lograra» que se elevará la suma prevista por el Ministerio de Agricultura.
La ayuda consistirá este año en una compensación económica del 50 % de la suma de la pérdida de ingresos debida a la ejecución de la cosecha en verde en la parcela para la cual se solicita la ayuda y los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas. La pérdida de ingresos se calculará como el valor medio de la uva en la parcela objeto de ayuda de las campañas que se han tomado como referencia, las tres cosechas inmediatamente anteriores a las de la pandemia, La cosecha en verde deberá haberse realizado a más tardar el 15 de julio sin que puedan existir uvas sin vendimiar en la parcela de viñedo objeto de la ayuda. Esta medida puede generar una rentabilidad máxima de 3.900 euros por hectárea.
La medida no ha gozado de mayor éxito que el logrado la primera vez que se puso en marcha, en el ejercicio 2020, habilitada para aliviar la crisis desencadenada por la crisis sanitaria. En dicho ejercicio se tramitaron 152 solicitudes para 827 hectáreas con una cuantía que alcanzó los 970.000 euros.