Las andanadas dirigidas a la futura ley de amnistía llegan desde todos los flancos por los que ataca el Partido Popular el acuerdo entre el PSOE y los dos partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, que han de aportar sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas están convencidos de que la amnistía, formalmente concedida para mejorar la convivencia en Cataluña pese a que solo garantiza la permanencia en el poder de Sánchez, tendrá el mismo efecto disuasorio que tuvieron los indultos y que pasado algún tiempo, normalizada la situación política con la reincorporación de inhabilitados, prófugos y fugados, dejará de ser el centro del debate político.
Será una pantalla pasada vista con normalidad por la ciudadanía si los independentistas asumen que cualquier movimiento unilateral es inviable. Habrá que esperar hasta el año 2025 para tener el nuevo marco político catalán bien definido, tras las elecciones europeas de mediados del próximo año, y de las autonómicas catalanas a comienzos de aquel año, donde puede darse nuevamente un enfrentamiento entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente de las listas de sus partidos.
Si el PSC revalida los resultados de las últimas elecciones generales, si los votantes catalanes vuelven a confiar en Salvador Illa y al mismo tiempo los independentistas siguen viendo cómo se reduce su parroquia, se acentuarán las diferencias ideológicas entre Junts y ERC, entre los independentistas de derechas y los de izquierda. Para entonces y en función de la duración de la legislatura y del compromiso de Junts con ese objetivo, el PP tendrá que variar de estrategia y olvidarse de la amnistía como se ha olvidado de los indultos.
El PP ha comprobado que si no alcanza la mayoría absoluta de la mano de Vox para acceder a cualquier centro de poder, el partido ultraderechista se convierte en una rémora que le cierra las puertas a pactos con otros partidos, en especial con el PNV, y por supuesto con Junts, heredero de Convergencia y tradicional representante de los intereses de la burguesía catalana.
A pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros miembros de su dirección han bailado la yenka sobre la consideración que les merece el partido del prófugo Puigdemont, que pasó de ser una formación golpista a que el vicesecretario González Pons afirmara que su "tradición y legalidad no están en duda", los populares paradójicamente pueden beneficiarse en un futuro de que Junts haya vuelto al redil para contribuir a la gobernabilidad de España, aunque ahora Feijóo reniegue de ello. Y quien sabe si dentro de unos años, por su proximidad ideológica salvo en materia territorial, acaban votando juntos si con los escaños de Junts el líder del PP puede llegar a La Moncloa. Seguro que los busca y no los desdeña.