A pesar de que había anunciado que su comparecencia televisiva se produciría a las 2 de la tarde, Pedro Sánchez esperó aquel sábado hasta la hora de los telediarios, las nueve de la noche, para informar a los españoles de una de las de las decisiones de mayor envergadura que puede adoptar un Gobierno en tiempos de paz, declarar el estado de alarma. Era el 14 de marzo de 2020, y el decreto del Ejecutivo español perseguía afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que se había ido extendiendo por todo el mundo desde una lejana ciudad china. Para entonces, el estallido de la enfermedad, que iba a cobrarse solo en La Rioja 589 fallecidos ese año, ya había obligado a adoptar diversas medidas de carácter económico, que se iban a ver complementadas y ampliadas a diversos ámbitos en meses y años sucesivos.
En un escenario de confinamiento de la población y de suspensión del derecho de reunión, los cierres de negocios y empresas amenazaban al conjunto del tejido productivo del país, cuya supervivencia se logró gracias a cuantiosísimas subvenciones puestas en marcha por todas las administraciones -los fondos Next Generation para la recuperación económica se implementan a raíz de esta crisis- y a una figura legal que se iba a convertir en inmensamente popular, los ERTE, los Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que iban a salvar cientos de miles de puestos de trabajo. En esta comunidad llegaron a estar sometidos a este instrumento legal 30.000 trabajadores en un año en el que el número de cotizantes no llegaban a 130.000, fuerza laboral que ha crecido de manera constante en estos cinco años y roza los 140.000. El camino contrario han recorrido las empresas -hay casi 1.500 menos-, que han sufrido en este periodo profundos avatares, que arrancaron con la falta de microchip, lo que tensionó algunos negocios clave, como ha sido el del automóvil y sus componentes, que continúan sin encontrar la salida del laberinto. La crisis de suministros y su encarecimiento, consecuencia de la guerra en Ucrania, echó más leña al fuego, que fue necesario aplacar con nuevas medidas, como la rebaja del IVAa la electricidad que ya no está vigente. La composición del tejido productivo riojano, con notable peso de la agricultura y la industria, y la limitada incidencia del turismo, se rebelaron como una fortaleza y afrontó mejor los envites de la crisis, lo que no evitó que el PIBexperimentara una sustancial caída del 8,7%, inferior, no obstante al 11,3 nacional. La economía española, y también la regional, han mantenido desde entonces una tendencia alcista -en la comunidad, y a falta de conocer los datos del año pasado, fue del 4,2% en 2023- gracias, entre otros factores, al buen desempeño industrial y el incremento, año tras año, del comercio exterior. El vino, que aguantó bien gracias al auge sin precedentes el comercio online, sufre una crisis para la que no se antoja un final y a la que los anunciados aranceles de un iluminado Donald Trump -hasta un 200% amenazó ayer- no hacen sino ahondar.