El anuncio del equipo de Gobierno de Conrado Escobar de emprender acciones inminentes contra el ruido en el centro histórico no ha calmado los ánimos en la plataforma vecinal 'Demandacascoantiguo', un movimiento espontáneo de residentes de esta zona de la ciudad que sopesa presentar una denuncia en los tribunales contra el Ayuntamiento de Logroño por inacción ante problemas recurrentes como el ruido o la suciedad. «Lo único que han reconocido es que en siete meses que llevan en el poder no han hecho nada, y los anteriores (en alusión al gabinete de Hermoso de Mendoza) peor aún», asegura uno de los integrantes de este grupo cívico, que no tiene como tal un portavoz y se coordina por redes sociales y grupos de wasap.
Palabras como «hartazgo» e «indignación» acompañan los mensajes del grupo, que ha pedido ya presupuestos a bufetes de abogados de fuera de La Rioja (para evitar ingerencias y presiones) para conocer qué coste económico tendrá llevar al Consistorio logroñés a los tribunales y concretar el número de vecinos dispuestos a aportar una cantidad para hacer frente a la demanda. «En breve determinaremos cuántos vecinos están dispuestos a poner dinero, pero entiendo que habrá un grupo importante para presentar la demanda sí o sí», comenta este miembro de la plataforma, que considera que las palabras de los concejales Celia Sanz y Jesús López el lunes, en las que anunciaban acciones concretas contra el ruido para la próxima semana es un gesto «para salir del paso».
El malestar vecinal que ha dado pie a este movimento parte del reproche a los distintos ayuntamientos de no haber hecho nada durante 20 años contra la contaminación acústica, la suciedad, el vandalismo y otros problemas del centro histórico, más allá de crear Mesas del Ruido desde 2008 y de anunciar planes que no se cumplen, ya que el Mapa del Ruido «lleva parado durante 12 años».
«Botellones urbanos». Su conclusión es que sobran diagnósticos y falta voluntad real de sacar al centro histórico de un deterioro que lo ha convertido en lo que este vecino define como un «parque temático para botellones urbanos», con incumplimiento de la ordenanza que impide a los clientes de los bares beber en la calle, escasez de patrullas de Policía Local para vigilar y mediciones de ruido que no se traducen en sanciones. Todo ello, a su juicio, fruto de lo que interpreta como un sometimiento de todos los equipos de gobierno municipales al «lobby de la hostelería» y a los intereses de especuladores que buscan la depreciación de los edificios para adquirirlos baratos y a la promoción de viviendas turísticas. Por contra, los vecinos aseguran que sus viviendas pierden valor y quienes cambian de barrio por las molestias se ven obligados a venderlas por menos de lo que pagaron.
A la espera de que la platarforma decida la forma de llevar adelante la demanda, mediante la suma de vecinos individuales o constiyéndose en una asociación, aguardan también el asesoramiento de los abogados para decidir si la acción judicial se presenta por vía civil, por inacción municipal, o penal contra los responsables políticos por dejación en su obligación de proteger derechos fundamentales de los ciudadanos.