«La evolución de la siniestralidad laboral se manifiesta como un termómetro de la salud de la que goza la seguridad en el trabajo, ya que los números, con la objetividad y claridad que se les supone, nos dejan ver, desde una posición privilegiada, su situación real», Así lo constata la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que se ha publicado hace unos días, un prolijo  documento, que refleja, entre otros aspectos,  la actividad de todos sus órganos y de las delegaciones para materias específicas. 

Señala que, a pesar de que en 2023 el número de fallecimientos en accidentes laborales en nuestro país registró una importante rebaja, al pasar de  608 a 508, esto es, un descenso de 100 personas, alerta de un incremento, desde 2013, de  la siniestralidad, que podría atribuirse a  una «relajación» en el cumplimiento y aplicación de la normativa preventivo-laboral. De esta tendencia descendente de mortalidad escapa La Rioja, que sumó 14 víctimas mortales, lo que convirtió al año pasado en el más dramático en dos décadas y la aupó como la comunidad con mayor incidencia de accidentes laborales, rozando el 10%, frente a algo menos de un 3% nacional.

El documento de la Fiscalía apunta que el número de accidentes mortales en jornada de trabajo es abrumadoramente superior en el caso de los hombres –por cada casi 15 varones fallecidos, muere una mujer–; en el caso de los accidentes in ítinere, por cada mujer fallecida hay poco más de cuatro trabajadores que pierden la vida; en La Rioja todas las víctimas in itinere, tres, eran mujeres.

El Memoria Anual de la Fiscalía recoge la actividad que ha realizado en La Rioja en este ámbito, y aunque no ofrece información sobre el número de siniestros, sí documenta que incoó 17 diligencias, de las que cuatro lo fueron por un delito de homicidio imprudente por accidente laboral. No obstante, la mayoría de las acciones emprendidas por la Fiscalía lo fueron por un presunto delito de lesiones imprudentes por accidente laboral, -durante 2023 se produjeron en La Rioja un total de 5.030 siniestros-, y tres más lo fueron por delitos leves de lesiones imprudentes.

La Fiscalía ha aumentado su actividad respecto al ejercicio previo -el número de accidentes mortales también fue menor en 2022, nueve- cuando incoó  once diligencias, de las que, no obstante, fueron también cuatro por accidentes mortales;seis por delitos de lesiones imprudentes y uno por lesiones leves.

La Inspección de Trabajo remitió al Ministerio Fiscal en La Rioja dos de estos expedientes, que fueron 1.728 en todo el país. Al respecto, el análisis presenta una circunstancia «inaudita», ya que, según señalan los redactores de la Memoria,  anualmente el número de asuntos comunicados al Ministerio Fiscal por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social venía creciendo de forma paulatina; sin embargo, en el año 2023 se ha producido una desaceleración, pues frente a los 2.070 asuntos del 2022, se han pasado a 1.728 en el 2023, uno menos en La Rioja- cifra incluso inferior a los 1.877 del año 2021. 

Si bien, en algunos de los apartados se observan oscilaciones que pueden catalogarse como normales de un año a otro, donde si se observa un descenso significativo es en el número de informes solicitados por el Ministerio Fiscal. «No existe una explicación clara sobre este descenso y tampoco hay que hacer una lectura pesimista más allá de que pueda tratarse de una variación puntual», aunque avanza que en años sucesivos prestará «especial atención» a este dato.

Asuntos pendientes. El último informe del Ministerio Público constata también que tenía asuntos pendientes de ejercicios pasados:en concreto, eran 21 en esta comunidad, de los que nueve lo eran por delitos de homicidio imprudente y 12 por lesiones imprudentes. Esta cifra es ligeramente superior al ejercicio anterior, pues hay un homicidio más  pendiente que un año antes. El escrito informa también de que los juzgados registraron la comunicación de cuatro accidentes, tres escritos de acusación del Ministerio Fiscal y dos peticiones de sobreseimiento, además de una sentencia del juzgado de lo Penal. 

Es en las resoluciones judiciales donde se constata una importante diferencia respecto al año precedente -los paros de trabajadores de distintas áreas han podido influir en el resultado- y en 2022 llegaron a ocho, seis de lo penal y dos de la Audiencia Provincial por recursos de apelación.