La explosión de pacientes con graves trastornos mentales está tensionando las costuras de los sistemas sanitarios ya, de por sí presionados por las necesidades de inversión, la falta de profesionales o el envejecimiento de la población. La salud mental, tradicionalmente la parte más desatendida de la medicina pública, alcanza hoy un carácter casi pandémico, especialmente entre los jóvenes y adolescentes, y su tratamiento se ve dificultado tanto por la escasez de una red adecuada de profesionales como por la estigmatización más o menos velada que arrastran aún los enfermos. Basta unos datos para comprender la magnitud de problema: el 9 por ciento de la población tiene algún tipo de problema de salud mental (entre el 2,5 y el 3 por ciento de graves dimensiones); un 6,7 por ciento de los españoles sufre problemas diagnosticados de ansiedad; un 4,1 por ciento, trastornos depresivos; 2,5 millones de personas consumen diariamente algún tipo de psicofármacos y casi la mitad de los jóvenes declara padecer algún problema (7,3 millones). Más dramático es el goteo de suicidios entre menores – 22 en 2021 – o las más de 4.000 llamadas con tendencia suicida que atendió el teléfono de la fundación Anar.
Estos indicadores revelan una sensación de vulnerabilidad personal derivada de múltiples factores, como la precariedad económica, las condiciones de trabajo, las condiciones de aislamiento social, las expectativas de futuro, la presión sobre modelos estéticos y sociales ampliados por las redes sociales – especialmente, entre los más jóvenes - o, incluso, un modelo socio-cultural posmoderno que sublima las emociones como forma de relacionarse con la realidad en detrimento de lo factual. Por lo tanto, las respuestas a la casuística deben ser también complejas, alejadas de miradas simplistas e interpelan a diferentes actores públicos y privados.
El primer paso, debe ser normalizar los problemas de salud mental para que pierdan su carácter estigmatizador y puedan abordarse con estrategias de prevención – ahora prácticamente sólo se tratan en casos de verdadera emergencia - y puedan incorporarse a las políticas cotidianas de salud pública tanto en el ámbito laboral como en el educativo en el caso de la población escolar.
Pero sobre todo, el abordaje de la enfermedad mental requiere más recursos y atención de las que ahora ha tenido en el sistema sanitario público, una carencia que es más lacerante en el caso de la población más joven. En España, sólo existen 540 psicólogos clínicos, es decir, 6,5 por cada 100.000 niños y adolescentes, muy por debajo de la recomendación de la OMS, que la sitúa en 20. El próximo año, el Ministerio ha sacado 247 plazas MIR en esta especialidad, un paso en la buena dirección pero claramente insuficiente ante la magnitud del problema. Recibir una buena atención de salud mental es un derecho irrenunciable que debe responder a un conjunto de vulnerabilidades íntimas que son ya un problema social.