Los ánimos en el seno de la Universidad de La Rioja, lejos de un devenir en calma hacia las elecciones a rector, que se celebrarán previsiblemente el próximo mes de noviembre, van camino de adquirir un tono duro e incómodo que sitúa a un sector de la comunidad universitaria como frontal oposición al actual equipo rectoral. El último episodio se ha producido este misma semana, cuando la Comisión de Estatutos, creada para adaptar el reglamento de la institución a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), remitía una propuesta de reforma que endurece los requisitos para optar a rector.

En concreto, entre los méritos exigidos, el planteamiento recoge la necesidad de disponer de «seis años de experiencia de gestión universitaria en órganos unipersonales de ámbito general o en los siguientes de ámbito particular: Decano o Decana de facultad, Director o Directora de escuela, de departamento, de doctorado o de instituto universitario de investigación». Es, por tanto, la propuesta que realiza el Comisión de Estatutos creada por la UR y que viene a plasmar la derivación del artículo 51 de la LOSU. Es decir, la nueva normativa que sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), indica la obligatoriedad de acreditar «una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal» pero deja a merced de la Universidad su concreción.

 La propuesta levanta ampollas en un sector de la comunidad universitaria al considerar que la exigencia de seis años de experiencia va en contra «del espíritu democratizador de la normativa» más aún, cuando hasta la entrada en vigor de la LOSU, cada mandato se prolongaba durante cuatro años. 

De hecho, y aunque ya no se exige la cátedra para concurrir a las elecciones, el criterio plasmado  restringe y limita considerablemente el número de posibles y potenciales opciones. Calculan que de los 60-70 que podrían presentar su candidatura, la citada exigencia lo limita «a unos 20» teniendo en cuenta también que algo mas de diez disponen de una edad que les imposibilitaría cumplir con los seis años de mandato improrrogables que recoge la LOSU.

Es decir, considera este sector universitario que la Comisión de Estatutos ha diseñado la exigencia con el objetivo de restringir algunas candidaturas que venían proponiéndose en las últimas fechas. Es más, de esos menos de diez potenciales candidatos, «dos pertenecen al actual equipo rector y el propio Juan Carlos Ayala no hubiera podido presentarse con las condiciones propuestas». Tampoco el exrector Julio Rubio hubiera podido formalizar su candidatura.

La propuesta ha sido remitida esta misma semana a la comunidad universitaria y el colectivo, que aspiraba a presentar a un candidato alternativo a Ayala, ya ha anunciado que enmendará la propuesta. «No tenemos constancia -prosiguen- de ninguna universidad española que plasme este requisito tan estricto o tenga intención de hacerlo». Ymenos aún, «justo antes de un proceso electoral al rectorado cuando hay de plazo hasta abril de 2026 para redactar los Estatutos acordes a la nueva normativa de universidades. No hay necesidad de acelerar el proceso».

Silencio del rectorado. El Día de La Rioja intentó durante la jornada de ayer recoger el testimonio bien del Rector o bien de alguno de los miembros del actual equipo rectoral, sin éxito. La propia Universidad se limitó a decir que la Comisión de Estatutos no dispone de portavoz y la propuesta de reforma es, de momento, una propuesta.