En un país donde dimitir es un fenómeno extraño por las pocas veces que se da, sea de forma voluntaria o inducida, que se produzcan dos dimisiones en el mismo día es una novedad y más si se trata de dos decisiones que no tienen nada que ver por tener lugar en dos campos bien distintos de la actividad política de sus protagonistas, aunque tienen concomitancia en cuanto a los motivos, la decisión de abandonar sus cargos para no perjudicar, o que se recupere, el prestigio de la institución en la que prestaban sus servicios.

La ya ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presentó su renuncia a su mentor, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska una vez que su marido Juan Carlos Martínez, está siendo investigado por presuntas irregularidades con fondos públicos en el caso de los ERE y en las que el juez aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales. La explicación que ha dado para presentar su dimisión ha sido la de no permitir "que nadie aproveche una circunstancia personal para dañar a la Guardia Civil ni al Gobierno de España", y por supuesto a su familia, al pedir que se respete la presunción de inocencia para su marido. Una dimisión "por principios y honestidad", ha resumido. Pero sin duda su dimisión ha sido inducida y motivada por el periodo electoral y que el PSOE no quiere llegar con ningún lastre de corrupción.

El periplo de tres años de la primera mujer al frente de la Guardia Civil no ha sido fácil ni exento de polémicas desde el mismo momento de su nombramiento, impuesto por Grande-Marlaska a la ministra de Defensa, pero su cese no está relacionado con los "garbanzos negros", los dos generales del cuerpo en la reserva que están siendo investigados en los casos "Mediador" y "Cuarteles", con origen anterior a su llegada a la dirección general.

La segunda dimisión, aún no aceptada, ha sido la de la vocal "progresista" –fue nombrada a propuesta de Izquierda Unida-, Concepción Saéz, que se retira por considerar "insostenible" la situación del órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en situación de interinidad desde hace más de cuatro años y sin que se atisbe ninguna posibilidad de que se alcance un acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación, por el secuestro al que tiene sometida a la institución el partido conservador. "Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario", afirma la vocal del CGPJ en la carta de dimisión que ha dirigido al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Rafael Mozo. Como en el caso anterior, la dimisión de Concepción Sáez está justificada en la defensa de la dignidad de un órgano constitucional que a su juicio padece "una radical y puede que ya irreversible degradación".
Que el sector progresista del CGPJ pierda da a otro de sus integrantes, y queden siete frente a los diez conservadores, carece de gran importancia dado que el Conejo tiene limitadas sus funciones desde la entrada en vigor de la ley que las limitó mientras se encuentre en funciones. La dimisión de Concepción Sáez debiera mover a reflexión a otros vocales para que sigan su camino, como pide la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y así forzar la renovación. Sin embargo, los vocales siguen aferrados a sus sillones porque la renovación supondría un cambio de mayorías con predominio de los vocales progresistas en consonancia con el peso de las formaciones parlamentarias.