El próximo miércoles, el Ministerio de Hacienda mantendrá con las comunidades autónomas una reunión encaminada a preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 26 de febrero. A esta reunión, La Rioja y el resto de territorios de régimen común acudirán con un documento remitido por el departamento que dirige María Jesús Montero, y en el que, textualmente, apunta que «parece haber un amplio consenso en descartar la variable» de la despoblación a la hora de reformar el sistema. Señala que solo Aragón, Cantabria y Castilla y León se manifestaron en contra. mientras La Rioja no se ha pronunciado.
La Consejería de Hacienda indica que esa es la posición que fijó el anterior Gobierno de La Rioja en 2021. "Desde entonces, y hasta el momento actual, en la presente legislatura, difícilmente el actual Ejecutivo riojano ha podido pronunciarse sobre el factor despoblación, u otros, porque, ni se han convocado los foros de debate correspondientes, ni el Gobierno de España había anunciado hasta el 18 de diciembre su disposición a relanzar la reforma, una demanda reiterada de las CCAA en esta legislatura, entre ellas, por supuesto, La Rioja", apunta.
Asegura que continúa en la misma postura y el departamento que dirige Alfonso Domínguez recalca que no ha variado su posición sobre financiación autonómica y mantiene los mismos criterios trasladados en los foros multilaterales, «que es donde deben abordarse estas cuestiones que nos afectan a todos».
Al respecto, afirma que siempre ha defendido una financiación común que atienda el gasto creciente del estado de bienestar y las desventajas competitivas que sufre La Rioja con respecto a otros territorios de su entorno. La ruptura de ese régimen común, añade, supondría, tal y como se recogió en el informe del Colegio de Economistas de La Rioja, la pérdida de hasta 305 millones de euros.
Sin entrar en terrenos más espinosos, se limita a apuntar que no pueden valorar aspectos más concretos sobre la financiación hasta que se conozca con detalle los documentos de trabajo que presentará el Gobierno de España en la previa del CPFF.
Cierto es que el criterio de la despoblación no está incluido en el sistema de financiación autonómica, aunque en 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero trasladó a las comunidades autónomas el informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada, uno de los elemento fundamentales par determinar el reparto de fondos.
Se emplea como referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos, al representar las necesidades de gasto de las comunidades en función de sus circunstancias demográficas, sociales o geográficas, y se contemplan aspectos como envejecimiento, despoblación o dispersión.
Este asunto, que ha provocado un auténtico revuelo en Aragón -su Gobierno calcula que perderá 442 millones si no se tienen en cuenta este criterio-, ha sido durante años una variable que ha enfrentado a las comunidades con mayor número de habitantes con las más despobladas, incluida La Rioja que, independientemente del color del Gobierno, ha defendido también tener en cuenta este criterio.