El Tribunal Constitucional (TC) no ha logrado cerrar un acuerdo de ningún tipo sobre el debate planteado por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, quien cuestionó que la Audiencia Provincial de Sevilla pudiera acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para desoír las sentencias de los ERE que absolvieron a una decena de condenados, dada la división interna en la corte de garantías, pese a lo cual no ha dado por zanjada la "reflexión".

Según ha informado el TC, el Pleno ha deliberado durante dos días en relación con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el TJUE y la apertura del trámite de audiencia a las partes, antes del envío de la cuestión prejudicial, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre la relación del TC con el derecho europeo y el TJUE".

"La reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución. Por tanto, el debate sigue abierto, entre las preocupaciones del tribunal. No se ha adoptado decisión alguna", indica.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el rechazo que las pretensiones de Conde-Pumpido, que en un primer momento llegó a deslizar la posibilidad de anular las providencias del TSJM y de la Audiencia de Sevilla, generaron desde un principio entre los magistrados --incluidos los que integran la mayoría progresista-- ha persistido, haciendo imposible el acuerdo.

La polémica se desató después de que la Audiencia de Sevilla anunciara en una providencia, donde pedía opinión a las partes, su disposición a formular una cuestión prejudicial al TJUE al considerar que el TC se ha "extralimitado" por la "interpretación alternativa" que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron absolver, entre otros, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante la reunión de la Sala Primera del TC celebrada el pasado 24 de marzo, Conde-Pumpido trasladó a sus compañeros sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles pudieran acudir a la corte de Luxemburgo para cuestionar las sentencias del Constitucional, y lo hizo aludiendo a un caso analizado por el TSJM --sobre el mercado de VTC-- pero apuntando también al 'caso ERE'.

Al día siguiente, el asunto se abordó en el Pleno previsto, a pesar de que no constaba en el orden del día, y ante el desconcierto entre varios magistrados. De acuerdo con fuentes conocedoras de dicho debate, en ese momento la postura de Conde-Pumpido ya contó con pocos apoyos.

Las posiciones fluctuaron desde quienes consideraron incuestionable --"de primero de derecho UE"-- que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso que tienen entre manos, hasta quienes abogaron por defender la jurisdicción del TC en la ejecución de sus sentencias.

Esa "primera aproximación" a lo que el propio TC tachó de "conflicto" entre "la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional" y "el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE" comenzó ese martes y continuó el miércoles. En esa segunda jornada, la postura del propio Conde-Pumpido se vio matizada, al hablar ya de la búsqueda de una solución de consenso.

El presidente del TC lo incluyó formalmente en el orden del día del Pleno que se celebra esta semana como un "debate jurídico". La vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, y el magistrado conservador Ricardo Enríquez figuraban como ponentes de los casos analizados --el del TSJM y el de la Audiencia de Sevilla--, pero, en contra de lo que es habitual, ninguno ha aportado ponencia.

Todos los informes en contra 

El Pleno sí ha contado, en cambio, con una ristra de informes, incluidos dos de Conde-Pumpido, que concluyeron en la misma línea: no se puede impedir que los jueces y tribunales acudan al TJUE, aunque se trate de sentencias del TC que 'a priori' deben ejecutar. Algunos informes advertían de que el simple debate en el seno de la corte de garantías podía suponer ya una injerencia en la independencia judicial constitutiva de sanción por parte de la UE.

Así las cosas, desde la sede de Domenico Scarlatti anticipaban un "debate abierto" limitado a un mero intercambio de opiniones. Ya la semana pasada, las fuentes consultadas descartaban tajantemente "interferir, ni mucho menos anular", las providencias analizadas.

En este sentido, uno de los informes encargados por Conde-Pumpido decía que "la prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del TC en una tesitura como la abierta" por el TSJM y la Audiencia de Sevilla.

El propio Conde-Pumpido lo verbalizó en un desayuno informativo celebrado el pasado lunes en el Ateneo de Madrid. Entonces, aclaró que el TC no impediría ninguna pregunta al TJUE, si bien defendió que "tiene la obligación de reflexionar" sobre un "asunto novedoso", dado que --explicó-- las cuestiones prejudiciales se habían planteado siempre antes de que hubiera sentencia y en ambos casos no solo las hay, sino que son de la corte de garantías, que agota el 'iter' nacional.

No obstante, el presidente del Constitucional advirtió de que, si finalmente el TJUE admite a trámite las consultas del TSJM y de la Audiencia de Sevilla, el TC acudirá al "diálogo entre tribunales" para resolver el "conflicto". En este punto, recordó que el artículo 4 del Tratado de la UE establece que, si bien el derecho comunitario tiene primacía, se deben respetar también los principios inherentes a la identidad de los tribunales constitucionales.