El Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-

2023, que pactó el Gobierno riojano con los agentes sociales -los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación de Empresas de La Rioja (FER)-  tiene como objetivos principales, según figura en la presentación del documento, la reducción de la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras riojanas e impulsar una gestión de la prevención de riesgos laborales efectiva y eficiente que redunde, a su vez, en una mejora de la competitividad de las empresa.

En los dos años de vigencia del  plan, que planteaba como uno de sus rectos principales la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en las empresas,  el Gobierno de La Rioja ha aumentado cerca de un 25% los expedientes de sanción por accidentes laborales, que han pasado de los 66 de 2021 a los 86 del último ejercicio.

Según la información facilitada por la Consejería de  Economía, en el año 2021 se abrieron 46 por accidentes leves, 17 por graves y tres por accidentes mortales, una actuación sancionadora que experimento un crecimiento muy considerable en 2022. En ese ejercicio, se abrieron un total de 83, de los que dos fueron por accidentes mortales, dos por siniestros muy graves, 20 por graves y 58 accidentes leves. Hubo otro por enfermedad profesional.

El año pasado, con los datos aún sin cerrar, fueron 86 los expedientes sancionadores que gestionó el departamento de Salud Laboral, tres de ellos que registraron fallecidos, uno por siniestro muy grave, 13 por graves y 69 por accidentes leves.

En el periodo 2016-2022 se ha constatado un incremento del 121,2% en el número de infracciones en materia de seguridad y salud laboral, al pasar de las 113 de 2016 a 250 en 2022, de tal manera que  en este ejercicio se impusieron multas por un valor global de 514.081 euros, lo que dispara la cuantía en un 126,7% sobre los 226.779 euros de 2017.

Hasta el 24 de junio de 2023 se habían impuesto sanciones por 473.214 euros y era el área de construcción de edificios en la que se habían abierto más expedientes.