La Fiscalía de La Rioja pide seis años y medio años de prisión por un delito de estafa continuada a un anciano, que ahora tiene 85 años, y que fue el administrador de la sociedad que vendió viviendas en el edificio Alfil de Lardero a sabiendas, según la acusación, de que esta construcción estaba inmersa en un proceso judicial y los pisos podían ser declarados en situación ilegal, como así ocurrió.

El juicio contra este anciano comenzará el próximo martes en la Audiciencia Provincial de Logroño y en el proceso también se pide una multa de 6.000 euros para este hombre y que indemnice a tres perjudicados que compraron pisos con casi medio millón de euros, informa Efe.

Los hechos que originan este proceso se remontan a 2001, cuando la mercantil en la que el acusado era administrador -y en la que también participaba el exalcalde de Lardero, Pedro Vallejo- compró una parcela para promover en ella la construcción, inicialmente, de viviendas unifamiliares, aunque finalmente ejecutó una urbanización con 43 pisos.

En 2002 el arquitecto municipal de Lardero informó ese proyecto de forma desfavorable, pero siguió adelante con el visto bueno del Ayuntamiento y, de hecho, poco después ese mismo profesional dio su visto bueno; el Consistorio otorgó la licencia de obras al final de verano de ese año, tras pasar el proyecto por la Comisión de Urbanismo del Gobierno regional.

Sin embargo, una vez hecho el edificio, en 2006, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anuló la licencia y ordenó demoler el edificio al menos en las partes en las que su edificación fuera contraria a las normas urbanísticas.

Legalización inicial del edificio

Posteriormente, en 2007 el Ayuntamiento de Lardero modificó su Plan General Urbano y "legalizó" la construcción, ya con 30 viviendas y el Plan fue aprobado poco después por el Gobierno de La Rioja; fue el propio acusado el que pidió esa legalización al Consistorio, en el que el alcalde se ausentaba de los debates y las votaciones de esta cuestión, precisa el escrito de la Fiscalía.

Pero una comunidad de propietarios, también de Lardero, impugnó el Plan General y de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja consideró que la ordenación de esa parcela era contraria a derecho al entender que la modificación del planeamiento tenía como finalidad, no el regular de una forma unitaria un sector del término municipal de Lardero, sino el privar de eficacia a la sentencia anterior.

El Ayuntamiento de Lardero recurrió al Tribunal Supremo esa sentencia en 2010 y en 2013 el máximo órgano judicial desestimó el recurso.

No obstante, las partes del edificio consideradas ilegales no han podido ser demolidas, porque hubieran afectado a la totalidad y, en sí, el fallo inicial no reclamaba que se dejara la urbanización como un solar, con lo que se ha declarado materialmente inejecutable la sentencia.

Pérdida de valor de los pisos por ilegales

El proceso ha deparado que se tiene que indemnizar a quienes interpusieron la demanda inicial (los propietarios de la otra urbanización), que las viviendas se mantienen como ilegales y no se pueden reformar, "solo hacer pequeñas reparaciones" y pierden su valor patrimonial

Incide el fiscal en que el acusado conocía la situación judicial de las viviendas y no informó de ello a varios compradores, además de intervenir de forma directa en la venta de estos pisos, que han quedado fuera de ordenación y sus propietarios padecen las consecuencias gravosas, legales y económicas, de su declaración de ilegalidad.

Además, el propio acusado no aportó soluciones a los compradores y les convenció de que las viviendas serían legalizadas, con lo que también les privó de tomar acciones para rescindir sus contratos por los que, en algunos casos, hoy en día siguen pagando sus hipotecas.

El fiscal reconoce el atenuante para este hombre de dilación indevida, por el tiempo transcurrido, pero le acusa de un delito continuado de estafa con especial gravedad por abusar el autor de su credibilidad empresarial.