La empresa  de elaboración de conservas de pescado y tortillas Plaza Chica, sometida a investigación judicial por presunto fraude alimentario, continuará abonando a sus 115 trabajadores las nóminas mientras se prolongue la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que comunicó el pasado jueves a la plantilla.

Los trabajadores, que hoy concluían el periodo de permiso retribuido, continuarán recibiendo  sus salarios a la espera del resultado de una negociación que todavía no ha arrancado. La representación laboral estaba ayer a la expectativa de que la empresa le entregue la documentación correspondiente para abordar un expediente que se ha presentado asentado en causas económicas. Con el calendario de negociaciones pendiente de acordar, se desconoce también el número de empleados a los que afectará el expediente de Plaza Chica, que cuenta con dos plantas de producción en   Cervera (49 trabajadores)y Alfaro.

En este contexto, las manifestaciones previstas para hoy en las dos localidades que acogen las fábricas han sido suspendidas en aras de beneficiar la fluidez de las negociaciones. «La voluntad es arrancar las negociaciones sin presión para ninguna de las dos partes»,  señala Carlos Alfaro,  secretario general de la federación de Industria de UGT, que informa de que de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos, irán adoptando las medidas que se consideren oportunas.

De momento, ya han comunicado a la dirección de la compañía quiénes se sentarán en la mesa negociadora del ERTE, que serán la totalidad de los miembros del comité de empresa.

La agrupación socialista de Cervera ha exigido compromisos al Ayuntamiento de la localidad y al  Gobierno de la Rioja con medidas urgentes que lleven a salvar la empresa y sus puestos de trabajo. El comité de empresa también ha solicitado una reunión con el Gobierno para abordar la situación en la que se encuentran los operarios de  una fábrica asentada en una zona con difícil recolocación y profundamente afectada -particularmente la localidad del Alhama- por el riesgo de despoblación.

La situación procesal tampoco  presentaba ayer ninguna novedad y Fiscalía no se había pronunciado sobre el escrito remitido por UGT«para que vele por los intereses de estos ciudadanos y trabajadores» y «haga de mediador» ante el juez para que libere, además de la nómina de enero, los atrasos de convenio que se adeudan a los trabajadores».

Pago de salarios. Estos atrasos corresponden a la actualización  del convenio de conservas vegetales que, firmado en mayo y publicado en septiembre, la empresa se había comprometido a pagar en diciembre y que quedó en suspenso con la investigación de la Guardia Civil.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) informó el pasado 23 de enero de que el Juzgado de Primera Instancia  número 2 de Calahorra, encargado de la instrucción del caso, acordó en su auto del pasado 15 de diciembre -dos días después de que la Guardia Civil accediera a la fábrica por primera vez- el pago de los salarios a los trabajadores de la empresa conservera. La dirección ya advirtió a la representación sindical que si no se desbloquear las cuentas iba a sufrir serios problemas, tanto para continuar con la producción como para hacer frente al coste de las nóminas.

Fundada en 2008, Plaza Chica comenzó fabricando en Cervera preparados para tortillas de patata, a la que sumaron después en una  factoría en Alfaro las conservas de atún y bonito en diversos formatos. Ha sido este producto el que provocó la investigación policial bajo la sospecha de que las conservas estaban siendo adulteradas para ser revendidas pese a su estado de insalubridad. 

En el registro efectuado en una de las sedes de la empresa Plaza Chica, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de medidas de higiene dos recipientes de grandes dimensiones con agua caliente, con numerosos tarros de atún devueltos por los compradores.

En este lugar, y sin condiciones de salubridad, se retiraban las etiquetas de los botes para su posterior reintroducción en el mercado con una nueva, registro sanitario y fecha de caducidad, con el consiguiente perjuicio para la salud y el consumidor final. 

La mayor parte de los botes estaban destinados a España e Italia.