Personas que han cometido un delito, que por sentencia tienen que realizar trabajos en beneficio de la comunidad y que, además, tienen diagnosticada una discapacidad intelectual. Es este el perfil de las personas derivadas a Plena Inclusión en cumplimiento de su condena. «El objetivo es prevenir que vuelvan a reincidir o desarrollar habilidades que les han podido llevar a cometer ese delito» ha explicado a este periódico la coordinadora técnica de Plena Inclusión, Soraya Arnedo.

Desde Plena Inclusión desarrollan una labor enfocada a la intervención, reinserción, y prevención de la reincidencia en el delito mediante programas de intervención terapéutica y socio-educativa.

«La tasa de delitos de las personas con discapacidad intelectual no es alta» señala Arnedo, informando que, concretamente, durante el 2023 tuvieron dos penados en trabajos en beneficio a la comunidad. La cifra asciende a tan solo siete contando desde el 2018.

«La mayoría de los casos han venido por delitos de injurias y calumnias, por la dificultad que tienen estas personas en el manejo de las relaciones sociales y de pareja, y la gestión de las relaciones de amistad» explica Arnedo, señalando que, «son condenas que suelen venir acompañadas por una orden de alejamiento».

De los siete casos gestionados en los últimos seis años, todos ellos eran hombres y dos reincidieron cometiendo otro delito diferente al primero, «el objetivo es intentar que no ocurra pero, a veces, el entorno en el que se relacionan afecta mucho, un entorno social y de exclusión del que es difícil sacarles porque es dónde se sienten cómodos, útiles, y que forman parte de algo».

De los siete penados, seis están libres, y uno sigue cumpliendo una pena privativa de libertad.