La consejería de Agricultura del Gobierno regional no recurrirá la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y acata así la decisión judicial de no aplicar los cupos establecidos en el anexo II del Protocolo para la Gestión del Lobo. Así lo trasladaron fuentes de la propia Consejería después de la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de una Resolución mediante la que se hace pública la decisión. La Justicia, por tanto, da la razón a la Asociación para el Estudio y Conservación del cánido, quien solicitó en su día la anulación de los cupos.

El ya comentado aenxo II establecía el proceso necesario a seguir de forma previa a la extracción de un ejemplar así como los criterios necesarios para aplicarse la excepcionalidad. Así, el Protocolo exige  que «se justifique la existencia de daños graves para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes.

De hecho, y de forma previa al apartado anulado por el TSJR, el Protocolo concretaba su aplicación «cuando se den alguna de las siguientes circunstancias, la Administración deberá iniciar los trámites de acompañamiento al ganadero para verificar la aplicación de las medidas preventivas principales e iniciar las medidas preventivas secundarias previstas en el punto». Dicho de otra forma, se establecía como ataques recurrentes en circuntanscias de dos ataques o cinco animales muertos o heridos en 1 semana; tres ataques u ocho animales muertos o heridos en el plazo de dos semanas; o cuatro ataques o diez animales muertos o heridos en un periodo de un mes. 

De la misma forma, el Protocolo conisdera las medidas previas de defensa del ganado tales como el pastoreo, la existencia de perros de vigilancia constante, el uso de infraestructuras de pernoctación así como medidas consideradas secundarias tipo disuasivos olfativos y alimenticios como obligatorias para la extracción.

Una vez materializadas estas cuestiones, el Protocolo entendía  como daños graves «los que comprometen la viabilidad económica de la explotación, cuando dichos daños supongan la pérdida de, al menos, 5,6% de la cabaña ganadera de la explotación dentro de los 12 meses anteriores a la producción del último ataque». 

El Protocolo suscitó la oposición frontal de Ascel que pidió auxilio a la Justicia quien decretó las medidas cautelares. Finalmente, el apartado queda anulado, algo que por otro lado, ya se preveía en el área de Ganadería del Gobierno de La Rioja, donde ya trabajan, con el horizonte puesto después del verano, en un nuevo documento.

Medidas de excepción. Ahora bien, desde la Asociación de Ambientólogos de La Rioja (Adalar) consideran que la extracción debe ser una medida excepcional «para casos muy concretos y seleccionando con cuidado el ejemplar». David Ijalba, presidente de la organización, matiza que «la extracción no significa matar al lobo, sino trasladarlo a, por ejemplo, trescientos kilómetros».

A su juicio, «no se trata de estar a favor del cánido o de la ganadería extensiva» sino de materializar una convivenvia posible y real. «Hace cien años -prosigue- toda la península Ibérica tenía lobos» y ahora «parece que se va expandiendo». 

Ahora bien, el TSJR aludió en su sentencia a la aleatoriedad del porcentaje a extraer reflejado en el Protocolo y no directamente a la extracción o no  como medida de excepcionalidad. 

Una mesa de diálogo en la que no hay sitio para Ascel

La Asociación de Ambientólogos de La Rioja (Adalar) es la promotora del proyecto Dipaloga con el que han conseguido reunir en una mesa de trabajo a las organizaciones agrarias Asaja. UPA y Uagr, a la Asociación de Ganaderos de las 7 Villas, organizaciones como Ecologistas en Acción y WWF así como representantes independientes del mundo rural. Todas ellas desde un primer momento se mostraron proclives a un escenario de diálogo promovido por Adalar. 

Tras ellas, las últimas incorporaciones a la citada mesa son SEO BridLife La Rioja, Universidad de La Rioja, dos representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil además de representantes independientes del sector veterinario.

El objetivo, generar un espacio de diálogo, comunicación y sensibilización con la firme idea de «quiero todo», detalla David Ijalba. El máximo representante de Adalar sintetiza de esta forma que «la ganadería es un importante patrimonio para la Comunidad y que además mantiene y conserva el espacio natural». El lobo también cumple su función «con el control población de ungulados evitando así» enfermedades que pudieran afectar al sector agrario. «Queremos todo», matiza.

Esta misma semana, y tras dos reuniones previas, arrancan el trabajo para el diseño de actividades y materiales que ya a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio, trasladarán a los colegios de la región. Uno de los pilares del proyecto se basa precisamente a una sensibilización dirigida a los más pequeños y «a la sociedad».

El proyecto se erige también en mediador entre las partes implicadas. Creen firmemente los ambientólogos riojanos de que la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva es posible. Ahora bien, «tiene que ser la Administración la que proteja al ganadero; no podemos dejar la responsabilidad» al propietario de la explotación.

No forma parte de la mesa de diálogo Ascel, que ya ha evidenciado posturas absolutamente inamovibles en defensa del lobo.