La construcción es una sector clave por varias cuestiones; por su aportación a la riqueza regional (genera entre el 11 y el 14 por ciento del PIB), al empleo (5.800 trabajadores por cuenta ajena y 3.200 autónomos) y porque provee de un bien de primera necesidad a la ciudadanía, como es la vivienda. Tras el cataclismo de 2008, las constructoras y promotoras supervivientes, ya con sus cuentas saneadas, afrontan otros retos, como las exigencias de sostenibilidad o la actualización de normativas que acaben con la indeseada burocracia. 

La economía en general marcha razonablemente bien. ¿Cómo está el sector de la construcción?

En La Rioja, funciona razonablemente bien. Después de la crisis de 2008, las empresas se reinventaron y ahora la actividad en el sector de la construcción resulta sostenible y sostenida en el tiempo, de manera que se construye aquello que se demanda. Con lo cual, la oferta está muy alineada con los intereses de la ciudadanía y la prueba de ello es que se ven muchas grúas y se sigue vendiendo sobre plano.   

¿Constructoras y promotoras riojanas están saneadas, tras la criba del estallido de la burbuja en 2008?

El sector está saneado y funciona bien. Hay que tener en cuenta que somos el once por ciento del PIB, el catorce si contamos las inmobiliarias, por lo que es un sector importante. Los indicadores económicos de La Rioja funcionan bien, y eso significa que la construcción también.  

El precio de la vivienda, en compra y en alquiler, sigue siendo inasequible a muchas economías, principalmente para los jóvenes. No parece que la Ley de Vivienda, tras un año en vigor, ni otras medidas hayan logrado abaratarla. ¿Ustedes, los constructores, tienen la fórmula?

Fórmulas mágicas no hay. La Ley por el Derecho a la Vivienda es una norma muy ideologizada, muy intervencionista y administrativista, que consigue lo contrario de lo que persigue. Quiere reducir el aumento del precio del alquiler, y allí donde se ha implantado, solo en una comunidad autónoma y por una cuestión fundamentalmente política, está funcionando justo al contrario. Cuando estaba en proyecto de ley, todos los estudios serios que se habían hecho sobre experimentos como la Ley de Vivienda de Cataluña de 2020, la de Berlín o sobre lo que se hizo en París, advertían de que se conseguía lo contrario: eliminar oferta del mercado, porque la gente no quiere alquilar por la inseguridad jurídica, y aumento de precios. Es verdad que (la Ley) no se ha implantado en La Rioja y aquí aún se sigue funcionando razonablemente bien. 

Y en compra de vivienda, ¿también hay un funcionamiento razonable?

En las capitales falta suelo; en Logroño llevamos muchos años con el Plan General vigente y no se ha calificado suelo y al final eso hace que los precios sean los que son. Hay poca oferta de suelo y eso impacta en los precios. No obstante, si miramos las estadísticas, vemos que La Rioja es una de las comunidades donde el incremento de precios no ha impactado excesivamente en vivienda nueva. Si nos comparamos con País Vasco, Navarra o Aragón estamos muy por debajo. Y a eso se le une que cada día se exigen más requisitos constructivos y eso implica mayores costes de producción y por tanto más precio final. A pesar de eso, en general los precios de la vivienda en La Rioja siempre están en la tabla baja, porque se están sosteniendo razonablemente. 

Si como comenta, oferta y demanda están alineadas, ¿quiere decir que no hay falta de vivienda en La Rioja?

Sí que hacen falta. Los últimos cálculos apuntaban a un desfase entre vivienda que se ha dejado de producir en los últimos años y hogares formados de unas 3.000 viviendas. 

¿Qué opina de que pudieran declararse zonas tensionadas en Logroño para abaratar los alquileres?

La declaración de zonas tensionadas es una de las medidas que establece la Ley de Vivienda y supone una intervención clara, pura y dura del mercado. Si se interviene el mercado, desaparece la oferta y los precios suben, por lo que no es la solución. Declarar zonas tensionadas en La Rioja, sería cargarse el mercado del alquiler. En Cataluña se ha hecho y el alquiler está hecho unos zorros. 

¿Y cuál es la solución?

Crear un parque público de vivienda de VPO en alquiler, si lo que se pretende es potenciar el alquiler. Pero ese le implica a la Administración más trabajo para comprobar que la gente cumple las condiciones. Desde CPAR llevamos años diciendo que lo mejor sería no subvencionar la vivienda, sino a la persona. Que cada año o dos años se revise la situación económica, porque si alguien ha mejorado mucho económicamente, a lo mejor debe dejar esa casa a otra persona que lo necesite más,y al revés. Hace años hubo un estudio que comparó los parkings de viviendas de VPO y de viviendas libres y resulta que en las de protección oficial había un porcentaje desproporcionado de BMW y Mercedes. 

En Logroño, el Ayuntamiento está ya inmerso en la revisión del Plan General Municipal, que lleva años atascado. ¿Ha limitado esa demora la actividad constructiva?

No sé hasta qué punto, pero sí venimos reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de revisar el Plan General, porque es la norma que permite articular las políticas urbanísticas a escala local, que nos dé seguridad jurídica y esté alineada que no lo está, con la LOTUR (ley de urbanismo regional) y con la ley estatal y con las directivas europeas. La ley del suelo autonómica, la LOTUR, tampoco está alineada con la nacional, por lo que tenemos un carajal de normativas que produce inseguridad jurídica, indefinición y encarecimiento de los proyectos y prolongación de plazos. El Plan General tiene que ser ambicioso y plantear una visión de futuro y ahí se tiene que contar con los agentes intervinientes en el urbanismo. Es cierto que el Ayuntamiento ha mostrado interés, ha creado una comisión, está trabajando y cumpliendo plazos.

El PR ha denunciado un interés de los constructores por convertir en suelo urbanizable el entorno del monte El Corvo. ¿Es así?

En el Ayuntamiento se creó una comisión de trabajo a la que se nos invitó y estamos encantados de colaborar, pero las conclusiones de esa mesa de trabajo se plasmaron en un documento que se debatió con todos los grupos políticos, que son los que trabajan sobre esa propuesta de inicio y los que tienen la iniciativa. En el interim hasta que se revise el Plan General, es necesario acometer reformas de normativa administrativa, que ralentiza los procedimientos, por ejemplo la concesión de licencias o la normativa de rehabilitación, que está absolutamente obsoleta. Hay que reducir la burocracia, que supone un encarecimiento de la vivienda. 

Pero, ¿es cierto o no que ustedes pidieron hacer urbanizable el entorno del monte El Corvo?

Para nada. Lo que ha pedido la CPAR es cerrar Logroño de acuerdo con el modelo de ciudad compacta del que se habla. Hay una zona entre El Campillo y el Arco de Navarrete que es posible desarrollar, no ahora, pero sí en los próximos 15, 20 o 30 años. Que se planifique el desarrollo de la ciudad de manera que se produzca esa ciudad compacta hacia donde dicen los urbanistas que hay que ir. En el caso del monte El Corvo, está integrado dentro del Plan de Infraestructuras Verdes, Biodiversidad y Renaturalización Urbana, que establece la legislación regional. Y tiene que articularse como un elemento más del futuro cinturón verde.

O sea, ¿no puede ser urbanizable?

No. Es un elemento del cinturón verde que quiere hacer el Ayuntamiento, como el Monte Cantabria. Nosotros nunca hemos planteado eso (que se haga urbanizable). 

¿Ustedes prefieren el modelo de ciudad compacta o expandida?

Lo que consideramos es que el Plan General tienen que ser un documento que recoja un modelo a 20 o 30 años. Hay que ir hacia un modelo de ciudad compacta en el sentido de cerrar aquellos huecos que existen en el desarrollo urbano. Pero también ser ambiciosos para ver hacia dónde se quiere que crezca la ciudad, lo que no significa tener que hacer 30.000 viviendas mañana.

¿Hacia dónde debe crecer Logroño?

Eso no lo sé. Es algo que habrá que analizar y discutir. 

¿Hay alguna cuestión que sea necesario incorporar al Plan General?

Hay que evaluar qué crecimiento estimado queremos y hacia dónde queremos llevar la ciudad. Hace años, se planteaba que España debía competir con otros estados para atraer talento e inversiones; luego fueron las comunidades autónomas las que competían; ahora son las ciudades las que pelean por posicionarse a nivel internacional. Zaragoza acaba de atraer una inversión de Amazon de miles de millones de euros. Es necesario dibujar una ciudad que integre un crecimiento empresarial, con una cuantificación de suelo industrial razonable, y también residencial. Que si viene una macroempresa o en el futuro es necesario suelo, no cueste 15 años desarrollarlo. Hay que ser ambiciosos para creernos que Logroño puede competir con Zaragoza, Pamplona, Bilbao o Vitoria en generar expectativas de desarrollo.

¿Falta suelo industrial en Logroño?

En suelo industrial estamos bien, pero hay que diseñar un cinturón industrial, para que se conecten bien las zonas que hay, que se prevea el desarrollo a futuro...ahora es el momento de dibujar ese futuro en el Plan General. 

Otro asunto pendiente es el plan Ramblasque, que se diseñó con viviendas unifamiliares de alto nivel que hoy no tienen salida comercial. ¿Qué plantean ustedes?

Ese es un sector de máxima prioridad que debería aprobarse cuanto antes. Cuenta con una modificación puntual, aprobada por la anterior Corporación local de Pablo Hermoso de Mendoza. Ahora lo que hay que hacer es aprobar definitivamente esa modificación. Es un suelo que se calificó en 1998 y es un sector que permite compactar la ciudad y continuar la trama urbana, entre otras cosas para cerrar el carril bici hacia Lardero. Además, permitirá generar vivienda y en ese plan está previsto suelo de VPO;y en 15 años solo se han hecho 41 viviendas de VPO.  

¿No les interesa a los constructores la Vivienda de Protección Oficial?

Es un problema de costes. No se puede hacer vivienda por debajo de precio de coste y el módulo de VPO llevaba sin actualizarse desde 2008 y la situación ha cambiado absolutamente, porque han aumentado la inflación y las obligaciones constructivas. Es verdad que a principios de 2024 se actualizó el módulo de VPO, pero solo para Logroño, y eso es un incentivo, pero queda por actualizar el de la zona metropolitana y de toda La Rioja. 

En los solares del soterramiento, hay suelo para 1.200 viviendas. ¿Hay un interés cierto de las empresas riojanas en acudir a los concursos para adquirir esas parcelas?

Desarrollar los solares del soterramiento es bueno, porque supone cerrar un agujero en el centro de la ciudad. Si se enajenan a precio competitivo, estoy convencido de que todas las constructoras y promotoras riojanas van a estar interesadas. 

Tal vez las piezas más singulares del soterramiento sean las 5 torres de 22 pisos junto a las estaciones. ¿Esa tipología de rascacielos es atractiva para los constructores locales?

A las empresas riojanas les interesa desarrollar la ciudad y la región y pueden hacer cualquier tipo de desarrollo urbanístico. Desde el punto de vista técnico no hay ningún problema.

El alcalde, Conrado Escobar, anuncia un plan para edificar 378 viviendas en la legislatura. ¿Qué le parece?

Nos parece que se están tomando medidas para poner vivienda social a disposición de los logroñeses. 

¿Les gusta la fórmula de promoción en régimen de derecho de superficie?

Es un modelo que ha funcionado bien en otras comunidades y ciudades para incentivar la vivienda social, siempre que las condiciones sean ventajosas para ambas partes.

También ha anunciado nuevos aparcamientos, sin descartar alguno en altura. ¿Es viable ese modelo?

Los aparcamientos en altura en Logroño no resultan económicamente viables, y menos ahora con el Plan General como está. Hace unos años, el Ayuntamiento dotó a la ciudad de una red importante de aparcamientos subterráneos. Sí nos parece interesante los dos aparcamientos que ha anunciado el alcalde en la zona del Revellín. Lo que necesitan los parkings es facilitar los accesos.  

La movilidad urbana ha suscitado una encendida polémica por la supresión del carril bici de Avenida Portugal. ¿Ustedes lo habría eliminado?

En el tema de la movilidad urbana lo único que decimos es que las empresas constructoras lo que queremos es hacer obras. Estamos a favor de la sostenibilidad, siempre que sea económicamente viable. Las empresas promotoras y constructoras llevamos muchos años haciendo vivienda energéticamente eficiente y la inmensa mayoría de las viviendas que se promueven son de consumo casi cero. Como sociedad habría que hacer una reflexión para acompasar sostenibilidad y desarrollo social.

Otro debate agitado es el control de los pisos turísticos. ¿Contribuyen a encarecer la vivienda?

No necesariamente. Lo que hay que hacer es compatibilizar los pisos turísticos con el uso residencial. Al final, se trata de que la oferta esté alineada con la demanda. Si es así, son actividades complementarias y compatibles.

¿Y qué la parece la propuesta del Gobierno central de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos?

Eso afecta a la ordenación de las comunidades de propietarios y en eso no entramos. Entiendo que el Ayuntamiento debe ir de la mano del sector turístico para permitir la compatibilidad con el uso residencial.  

Ustedes se quejan del exceso de trabas administrativas a la rehabilitación. ¿Sigue siendo difícil recuperar edificios en el casco antiguo?

El casco antiguo es lo más visible, pero hay otras zonas que también lo necesitan. El problema de la rehabilitación es que precisa de una normativa específica, que Logroño no tiene, que nos permita acometer una actuación de regeneración urbana a gran escala. Se ha hecho la rehabilitación fácil, el cambio de bañera por ducha, pero la rehabilitación de edificios, de manzana o de barrio es muy difícil, porque no tenemos la normativa que lo facilite. Sería razonable que el Ayuntamiento hiciera una ordenanza específica de rehabilitación que copie las mejoras prácticas de otras ciudades.

¿Qué incidencia tendrá en su sector la rebaja de la jornada laboral que plantea el Gobierno central?  

No puedo hacer una valoración muy profunda, porque no conocemos el contenido exacto de la norma. Creo que puede conseguir resultados contraproducentes. En un país cuya productividad lleva años cayendo, afectará negativamente a las empresas, especialmente a las pymes, que son el 99 por ciento. En el caso de la construcción, de inicio, si la rebaja se hace en el cómputo anual, el impacto no será excesivo, sin perjuicio del ataque a la libertad de empresa que supondrá una injerencia en su sistema de producción.