Lo complicado de la tramitación administrativa y los hechos consumados hace que en ocasiones resulte imposible restituir la legalidad y echar atrás un contrato declarado nulo. Es lo que ha ocurrido con unas obras complementarias ejecutadas durante la reforma integral del Mercado de San Blas, en Logroño, que según el Consejo Consultivo de La Rioja no respetaron la ley al hacerse mediante una contratación que declara nula.

El dictamen del Consultivo se refiere a unas obras «extraordinarias» ejecutadas durante los meses de enero y febrero de 2024 por la empresa constructora a la que se adjudicó el proyecto de rehabilitación del Mercado, y que tienen un importe de 234.159 euros. 

Fue el propio Ayuntamiento, ya con el actual equipo de Gobierno de Conrado Escobar, el que expresó sus dudas sobre la legalidad de esas obras extraordinarias, de manera que el pasado 20 de marzo inició un expediente de revisión de oficio del «acto nulo de pleno derecho» por la contratación verbal de unas obras complementarias al proyecto de rehabilitación del Mercado de San Blas. Finalmente, la Corporación, por mediación del Gobierno de La Rioja, pidió al Consejo Consultivo un dictamen jurídico sobre este contrato que determinase si es legal o no.

El proceso seguido resulta bastante intrincado. Ya en diciembre de 2022, con la reforma del mercado ya avanzada, el director general de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda del Ayuntamiento, que fue designado como director facultativo de las obras, informó al Consistorio de la necesidad de redactar un proyecto modificado, para corregir determinadas mediciones previstas en el proyecto inicial e incluir nuevas unidades de obra. También apuntaba el técnico el importe de esos trabajos añadidos, a fin de que se previese una partida en los presupuestos de 2023.

Sin embargo, como el equipo de Gobierno, entonces dirigido por el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza (PSOE), no contempló esa partida económica, el director de las obras emitió un nuevo informe el 15 de mayo de 2023 en el que reiteraba su propuesta de modificado de proyecto y de ampliación del plazo de ejecución, al tiempo que estimaba un sobrecoste de 921.406 euros, lo que suponía un incremento del 29,48% sobre los 3,3 millones de euros en que se adjudicó la obra.

La Junta de Gobierno Local acordó el 17 de mayo de 2023 someter al debate del pleno una modificación en el presupuesto general del Ayuntamiento de 886.000 euros. El pleno dio su visto bueno el 1 d ejunio de ese año.

De nuevo, en otro informe de 21 de junio, el director facultativo insistía en que se autorizase la modificación del proyecto de reforma del Mercado de San Blas, pero ante el silencio de la Dirección General de Contratación tomó la decisión en septiembre de 2023 de redactar el proyecto modificado, que presentó el 11 de octubre. 

Silencio administrativo. «No recibiendo contestación alguna a esta última solicitud, consideró que el silencio operaba en sentido positivo, por lo que dio instrucciones a la contratista a fin de que continuara las obras, de acuerdon con las previsiones del proyecto reformado, lo que esta aceptó y llevó a efecto», detalla el Consejo Consultivo en su informe. 

El 1 de marzo de 2024, el director facultativo emitió la certificación 19 de las obras 'extraordinarias' acometidas por la empresa en el Mercado entre los meses de enero y febrero de 2024 por valor de 234.159 euros, fuera ya del plazo de finalización de las obras establecido en la tercera de las ampliaciones establecias por el Consistorio. 

Pocos días después, el 7 de marzo, la Dirección General de Urbanismo Estratégico propuso iniciar un expediente para declarar nula esa contratación verbal , algo que hizo la Junta de Gobierno Local el 20 de marzo.

Responsabilidad municipal, no de la empresa

En su dictamen, el Consultivo deja claro que la adjudicación verbal del director de obra a la empresa constructora, una vez expirado el plazo de ejecución, para realizar obras no previstas en el contrato inicial «fue nula de pleno derecho». Sin embargo, como resulta imposible echar atrás las obras ya acometidas y dado que el Consultivo opina que la responsabilidad de esta contratación irregular corresponde al Ayuntamiento y no a la empresa, propone que se le abonen esos 234.159 euros para no perjudicar a la constructora.