«Preciosa mujer colombiana, femenina, coqueta y muy enrollada. 22 años. Logroño». Es uno de los numerosos anuncios de jóvenes y mujeres que ofrecen servicios de tinte sexual en múltiples plataformas de internet. En 645.000 avisos como éste se basa el macroestudio 'Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres; una aproximación cuantitativa' publicado el pasado mes de septiembre por el ministerio de Igualdad y que ofrece datos regionalizados correspondientes al ejercicio 2023. 

Unos datos que, al menos en el caso de la Comunidad riojana, sorprenden por la magnitud que describe el informe de más de doscientas páginas y que contó con alrededor de 100.000 euros de presupuesto. Dicho de otra forma más evidente, el estudio concluye que en agosto del pasado ejercicio había 476 anuncios activos en la Comunidad discriminando además entre los reclamos duplicados. Es decir, la cifra se refiere a anuncios publicados por «mujeres únicas». El dato supera en cualquier caso las escasas aproximaciones realizadas en la región. La última cifra oficial corresponde al estudio realizado durante la pasada legislatura, con Sara Carreño al frente del área de Igualdad del Ejecutivo riojano, en el que se cifraban en 200 el número de mujeres en situación de prostitución en La Rioja. El alcance que proyecta ahora el macroestudio del ministerio de Igualdad cuantifica más del doble y dibuja incluso una situación aún más desfavorable. Las 476 mujeres que ejercen la prostitución en el ámbito de la región se basan en lo que el estudio denomina «población observada».  Ahora bien, Igualdad ha desarrollado también una metodología basada en diferentes conceptos, entre ellos la búsqueda de reclamos mediante Inteligencia Artificial, para tratar de conocer la población femenina oculta dedicada al sexo de pago.

 En este sentido, los datos son aún más alarmantes. El macroestudio 'Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres; una aproximación cuantitativa' calcula una «población estimada» que ejerce la prostitución en La Rioja de 1.284 mujeres. Un dato que multiplicaría por seis el trabajo realizado la pasada legislatura en la Comunidad. Y por establecer un análisis comparativo entre regiones, La Rioja, según los datos del macroestudio de Igualdad, acogería  una industria de la prostitución superior a la de Navarra, Burgos o Álava e incluso por encima de Extremadura, con dos provincias.

En cualquier caso, se trata de unos datos relativos al impacto de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual que, al menos en La Rioja, encienden todas las alarmas por una magnitud jamás descrita en la Comunidad. 

Ahora bien, la metodología desarrollada por Igualdad para afirmar que en el conjunto del país se detectaron entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución en España, ha despertado también ciertas críticas. Al hilo de todo ello, el propio informe avala una exhaustiva metodología que ha llevado a analizar todas las plataformas online dedicadas a este tipo de anuncios. 

Pero al margen ya de críticas y suspicacias, el macroestudio realiza también una aproximación porcentual a una cuestión si cabe, aún más compleja de analizar. 

Trata con fines sexuales. El Ministerio que lidera Ana Redondo tras la presentación del informe de más de doscientas páginas, el análisis se sumerge también en las mujeres en situación de prostitución pero que son víctimas de trata. Igualdad lo cuantifica en un 24% para el conjunto del país sin descender, en este caso, a una distribución geográfica entre las regiones españolas. Sin embargo, ese 24% tira por tierra, desde el propio ministerio de Igualdad, el 90% del que se venía hablando tradicionalmente y que estaba basado en seis variables de riesgo usadas, entre otros organismo, por la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE). Una variables que arrojaban pistas y señalas sobre la posibilidad de que una mujer fuera obligada a prostituirse. 

El informe de Igualdad, cuya extracción y limpieza de datos realizó la empresa Indexa Geodata, estableció nueve variables relacionadas con los anuncios publicados en las plataformas de internet y otorgó mayor peso a las tres que más pueden vincularse a la trata de personas con fines de carácter sexual. El cómputo entre unas otras rebajó ese 90% al 24%. En cualquier caso, la propia ministra insiste en matizar siempre, «al menos, un 24 por ciento».