Al rechazar amnistiar los delitos de malversación cometidos por los políticos que participaron en el golpe del "procés", el Tribunal Supremo ha enviado a los ciudadanos un mensaje tranquilizador: la justicia puede prevalecer aún en las más adversas circunstancias. En democracia la política puede cambiar las leyes pero no está por encima de la norma constitucional.

Ha sido la interpretación de la polémica ley de Amnistía -elaborada como se sabe a cuatro manos entre enviados del Gobierno y el equipo del prófugo Puigdemont- la que ha llevado al Supremo a rechazar amnistiar a quienes siendo cargos de la "Generalitat" cuando se produjeron los hechos desviaron dinero públicos para fines ajenos a los que estaban destinados.

La sentencia del Supremo reconcilia el Derecho con la cordura. Desde el primer momento la operación política para mantener en el poder a cualquier coste a Pedro Sánchez fue la puerta abierta a todo tipo de anomalías y retorsiones de las leyes. Primero fue cambiar el Código Penal para suprimir el delito de sedición, después modificaron la penalización de la malversación y más tarde llegó la ley de Amnistía -calificado de infame por Felipe González. Ahora el Supremo ha venido a señalar el disparate que supuso una ley hecha a la medida de las necesidades de los delincuentes del "procés" que habían pactado la inmunidad, el olvido de sus delitos, a cambio de apoyar la continuidad de Sánchez en La Moncloa.

Juego de trileros que la sentencia del Supremo deja en el aire con una consecuencia inmediata: todo cuanto a partir de ahora suceda en el escenario político catalán se convierte en incógnita. Si Puigdemont vuelve sería detenido y Junqueras seguirá inhabilitado. Se complican las negociaciones entre el PSOE y ERC para elegir presidente de la "Generalitat" a Salvador Illa y en ese panorama cobra fuerza una posible repetición de las elecciones autonómicas en el mes de octubre. Es tal el grado de distorsión de la vida política al que nos han llevado los juegos de poder de Pedro Sánchez que, a la vista de la situación, no es descartable que también se acorte la legislatura y vayamos antes de fin de año a unas nuevas elecciones legislativas.