La encomienda del Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Logroño de encargar un estudio sobre el posible impacto que tendría en su entorno la moderna sede que la empresa tecnológica Bosonit pretende levantar en la Calle Mayor ha aparcado durante un tiempo la controversia entre defensores y detractores del proyecto. Pero quienes se oponen a esta intervención urbanística por su afección a los monumentos de la zona no solo no han arrojado la toalla, sino que impulsan un recurso contencioso-administrativo en los tribunales para tratar de frenarla y que el Consistorio logroñés no le otorgue la licencia de obras.  

El recurso que defiende el abogado Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, por encargo de Ecologistas en Acción, Amigos de La Rioja y Rioxa Nostra, se dirige contra la modificación del Plan General de Urbanismo aprobada durante el anterior mandato municipal, para permitir que el proyecto redactado por el arquitecto japonés Kengo Kuma pudiera ejecutarse en una parcela del número 40 de la calle Marqués de San Nicolás, previamente vendida por el Ayuntamiento a la empresa de tecnología.

Las razones que aducen los promotores del recurso son que esa modificación urbanística vulnera la normativa en materia de patrimonio histórico artístico, tanto de ámbito regional como nacional, por el impacto visual que tendría el edificio por su diseño y su tamaño sobre elementos monumentales del entorno, como la iglesia de Palacio o el Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El letrado que tramita el recurso ha solicitado al Ayuntamiento que aporte más documentación, hasta 15 apartados más de lo que ha presentado hasta ahora, entre otras cosas los acuerdos de aprobación inicial y provisional del cambio del Plan General, así como determinados informes técnicos. Una vez que esa documentación obre en su poder, el abogado formalizará la demanda propiamente dicha, dado que sus clientes le han dado instrucciones seguir con el recurso. 

«El impacto que supondría esta modificación del Plan General es tremendo», comenta Adolfo Alonso, que recuerda los informes negativos del Icomos, organismo asesor de la Unesco, y de los propios técnicos del Gobierno de La Rioja en materia de patrimonio. 

Venta de la parcela. Además, los detractores del proyecto Bosonit sostienen en el recurso que el Ayuntamiento vendió a Bosonit una parcela que tenía unas condiciones de usos y alturas que se cambian con la modificación del Plan General, «lo que consideramos que es un fraude», apunta el abogado, que matiza que otras empresas podrían haber pujado por ese terreno de haber conocido el cambio urbanístico, por lo que Alonso ve una «irregularidad». Los detractores del proyecto apuntan que la sede de Bosonit podría construirse en otros muchos lugares de Logroño, sin vulnerar la normativa de patrimonio.

El abogado, que señala que no le consta que la empresa se haya personado en el procedimiento iniciado en los tribunales, calcula que el tribunal podría resolver sobre el  recurso hacia el tercer trimestre de 2024. Aclara también que si el Ayuntamiento otorgase licencia de obras, también la recurrirían y se plantearían la posibilidad de pedir la paralización cautelar.