En el reciente informe Nuevos retos del sector de la automoción en España, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Asociación Española de Proveedores de la Automoción (Sernauto) con la colaboración de la consultora KPMG, el sector constata que la industria de la automoción española se ve amenazada en un contexto de demanda decreciente y problemas de disrupción de la cadena de suministro, que pueden suponer una pérdida de competitividad en el mercado.
Esta incertidumbre que planea sobre los fabricantes de automóviles se extiende a su industria auxiliar, que ha logrado en La Rioja superar una crisis que se ha alargado cerca de cuatro años, iniciada con la pandemia del coronavirus y que se prolongó con la escasez de materias primas y de componentes electrónicos -microchips- y la inflación y el incremento de los costes energéticos debido, principalmente, a la invasión rusa de Ucrania. «Es el mejor de los últimos cuatro años, porque los últimos tres han llevado apellidos de crisis», resalta Daniel Rueda, secretario general en Agrupación empresarial innovadora del sector automoción de La Rioja, que apunta que a este ejercicio no se le ha añadido ninguna calificación, lo que es «buena señal».
Informa de que se ha recuperado la producción, aunque no ha niveles prepandemia, un objetivo que vaticina que será complejo de alcanzar, y se ha logrado la estabilidad del empleo del potente sector riojano, que ha estado sometido a expedientes de regulación temporal (ERTE) durante los últimos años.
Sin perjuicio de esta mejoría, el informe de Anfac y Sernauto constata la incertidumbre de un sector que se encuentra en una encrucijada ante un proceso de transformación tecnológica y sin que el vehículo eléctrico acabe de arrancar, una reflexión que comparte el clúster riojano.
«Los modelos de vehículo eléctrico y sus componentes deben ganar volumen para que sean interesantes», argumenta Rueda, que señala que los grandes fabricantes asentados en España se ven condicionados porque no se les asignan «modelos a igual velocidad que en el resto de Europa».
El secretario general de la asociación confía en que esta disparidad se corrija, aunque constata que esta recuperación se ve condicionado a la presencia de plantas de baterías y a la fabricación de elementos que intervienen en el sistema de propulsión. Al respecto, apunta que «se están viendo los toros desde la barrera» en espera de la asignación de modelos eléctricos y fábricas de baterías y recuerda que a partir de 2035 no se podrá comercializar ningún vehículo que no sea de cero emisiones.
Componentes eléctricos. Sí bien es cierto que las factorías riojanas no elaboran elementos de propulsión, sí que deberán adaptar su producción al nuevo sistema. Alerta, en particular, de que la caída de fabricación de vehículos influirá de manera notable en la venta de componentes y, al respecto, apunta la dificultad de alcanzar los de 2,8 millones de unidades de 2018/2019 en un contexto en que las previsiones apuntan a 2,2 millones. Menciona, igualmente, que la fabricación de vehículos eléctricos es «más sencilla» que la de los de combustión, lo que implicará la reducción de mano de obra. «Lo que nos interesa es tener noticias de inversiones en España», señal Rueda, que no tiene conocimiento de que haya alguna prevista en La Rioja.
El sector del componentes de automoción en la Rioja da trabajo a más de 8.400 personas, entre empleo directo -3.400- e indirecto, y genera un volumen de negocio de más de 600 millones euros, lo que supone un 8% del PIB de la comunidad. El clúster agrupa 19 empresas industriales y ocho colaboradoras.
Los vehículos pesados y la subida de costes logísticos.
El clúster celebró el pasado jueves la V Noche de automoción de La Rioja, donde quedó patente la «preocupación» por el panorama incierto por el que transita un sector en pleno proceso de transformación. «Siempre queremos ser optimistas, pero hay aspectos, como la legislación, que no ayudan», afirma el secretario general del clúster de la automoción, que se refiere específicamente al reglamento de vehículos pesados de más de 3,5 toneladas.
Según explica, marca unos límites «muy difíciles» de cumplir a corto plazo y les hace prever un escenario muy complejo por dos factores:la subida de los costes logísticos y un posible freno a la eficacia e inmediatez del transporte de mercancías.
Explica que en el horizonte de 2023 la gran mayoría de los camiones deben ser eléctricos y ejemplifica sus temores en el caso de un vehículo de 18 toneladas que para gozar de una autonomía de 300 kilómetros o tres horas necesitará una batería de 4,5 toneladas. Trasladar la mercancía más allá de esa distancia requerirá que el camión encuentre «un súpercargador» que sea capaz de recargar la batería en dos horas, lo que permitirá circular otras tres, lo que pondría fin a la jornada laboral.
Ello alargará considerablemente los traslados y, consecuentemente, los encarecerá. «La fractura de la cadena logística supondrá un grave problema para España, y consecuentemente para La Rioja por su ubicación», argumenta Daniel Rueda.