Los servicios de inspección del Gobierno de La Rioja han sancionado ya a un total de 57 viviendas turísticas por funcionar sin la licencia correspondiente. Se trata de un dato que viene a corroborar un secreto a voces denunciado públicamente en diferentes ocasiones por Arvutur, la Asociación profesional que agrupa al sector, e incluso por plataformas y organizaciones vecinales, fundamentalmente, de la capital riojana.
Ahora bien, la mayoría de las inspecciones y, por tanto, de los expedientes sancionadores iniciados por la dirección general de Turismo de la Comunidad autónoma se desarrollaron coincidiendo con la regulación de este tipo de alojamientos allá por el año 2017. De hecho, el grueso de la actividad inspectora se desarrolló en los dos ejercicios siguientes acumulando el noventa por ciento de los controles sobre los denominados pisos turísticos. En aquellos años, los inspectores desarrollaron el rastreo por las diferentes plataformas de promoción de viviendas destinadas al alquiler turístico.
De esta forma, y desde el año posterior a la regulación de la normativa, se han practicado 209 inspecciones de las que 203 se iniciaron de oficio y las seis restantes surgieron fruto de las denuncias practicadas bien por particulares o bien por la propiedad de otros pisos turísticos. El resultado, según los datos facilitados por el área de Turismo del Gobierno riojano ha sido la apertura de 63 expedientes sancionadores de los que en 75 casos se terminó multando a viviendas turísticas que no habían comunicado el inicio de la actividad y por tanto, incurrían en ilegalidad.
Los otros seis expedientes se debieron a diferentes causas como «anunciarse utilizando denominaciones distintas a las que les corresponde atendiendo a su clasificación; por no ceder la vivienda en su totalidad sino por habitaciones (otra de las cuestiones denunciadas por Arvutur); y por no colocar la placa correspondiente tal y como establece el actual Decreto que regula este tipo de actividad.
A pesar de que el grueso de las inspecciones se focalizaron tras la regulación de la normativa, es decir, 2018 y 2019, y los dos ejercicios siguientes se paralizó debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del covid-19, las inspecciones, a un menor ritmo, continuaron en 2023. Un año en el que se practicaron 33 inspecciones y se iniciaron 2 expedientes sancionadores motivados por las presuntas comisiones de infracciones leves tipificadas en el Decreto de Turismo tales como «no incluir el número de registro en su publicidad y no colocar la placa identificativa tal y como establece la normativa», tal y como trasladan desde la propia Consejería que comanda José Luis Pérez Pastor. Dos motivaciones en las que también ha incidido en reiteradas ocasiones la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de La Rioja.
Ya en el presente ejercicio, las inspecciones han llegado, por el momento, a seis pisos de uso turístico sin que el Ejecutivo se haya visto obligado a iniciar ningún expediente sancionador.
Sanciones. En cualquier caso, las 57 sanciones interpuestas desde el año 2018, no detalladas desde la dirección general de Turismo, se se tipifican en leves, graves y muy graves y pueden conllevar una multa (de 100 a 600 euros), la suspensión temporal de la actividad o del ejercicio profesional (con multa que puede oscilar entre los 601 a 2.000 euros) e incluso el cierre temporal o definitivo de la actividad o instalaciones (con multa de 2.001 a 10.000 euros).
En cualquier caso, se trata de un sector relativamente nuevo que crece a pasos agigantados y que Europa, España, La Rioja e incluso los propios municipios miran con precaución ante una modalidad de alojamiento de uso turístico que en muchos casos escapa del control público.
Yno solo por los propietarios, sino por actividades derivadas. De hecho, el nuevo reglamento, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, avanza en la línea de «ayudar a los gobiernos locales a frenar el impacto de los alquileres ilegales de corta duración y regular la actividad de las plataformas digitales con el objetivo de hacerlas corresponsables de los anuncios que publican». Dicho de otra forma, «pretende también que haya unas reglas comunes para armonizar el registro de este tipo de alojamiento y su promoción en las plataformas digitales», tal y como reza la propia directriz.
Ahora bien, su implantación se retrasa durante el plazo de dos años con el fin de permitir la adaptación de todos los operadores del sector al nuevo reglamento acordado en el marco del Parlamento Europeo. En concreto, la normativa no profundiza ni entra a discutir la validez de las autorizaciones o licencias concedidas por los organismo oficiales para el ejercicio de la actividad, pero sí viene a establecer los mecanismos de control además de la retirada de los anuncios considerados ilegales.
Pérez Pastor implantará más medidas de control en el sector
El consejero de Turismo del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, abogó ayer por crear un nuevo marco en el ámbito del alquiler turístico para garantizar el aumento de las inspecciones, subir las multas por infracciones, garantizar la prestación de buen servicio por los arrendatarios y luchar contra la piratería. Pérez Pastor hrespondió así en el pleno del Parlamento riojano a una pregunta formulada por la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, sobre el «crecimiento sin control» de las viviendas de alquiler turístico. Admitió que este asunto supone «un reto en la gestión del turismo», por lo que La Rioja participa en grupos de trabajo con otras comunidades.
La portavoz de IU señaló anteriormente que «a pesar de que la vivienda es un derechol reconocido en la Constitución» apenas hay 189 pisos en alquiler habitacional La Rioja» y lo comparó con los pisos turístico.