Como si de un perfecto dejá vu se tratara, este 2025 empieza como terminó el año anterior, con el exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como protagonistas del escenario judicial que se avecina en los meses venideros.
Por primera vez desde el procés, el Supremo vuelve a ser el foco de causas mediáticas como el caso Koldo, que indaga en supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de mascarillas y contratos de obra pública; y la querella en la que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuye una presunta revelación de secretos al fiscal general y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid seguirá su investigación contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid tiene pendiente un acto de conciliación en el que está citado su esposo, Pedro Sánchez, -que no tiene obligación de acudir personalmente- el 12 de febrero como paso previo a la presentación de una querella por parte del novio de Ayuso por llamarle «delincuente confeso».
Además, en lo que a juzgados capitalinos se refiere, en el de Instrucción Número 47 está prevista la declaración del exdiputado de Más País Íñigo Errejón por la denuncia por presunta agresión sexual que presentó la actriz Elisa Mouliaá. Ambos el 16 de enero.
En lo que respecta al Supremo, el magistrado Leopoldo Puente está pendiente del suplicatorio que envió al Congreso para que suspenda la inmunidad de Ábalos como diputado del Grupo Mixto. La causa que afecta al exministro quedará en el aire hasta que la Cámara conteste, algo que podría no llegar hasta mediados de febrero, dado que enero está fuera del período de sesiones.
El instructor acudió al Congreso tras tomar declaración como investigados a Ábalos, a Koldo y a De Aldama. A su juicio, hay indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos por parte del exministro: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
En el Alto Tribunal también están pendientes de las declaraciones como testigos de Miguel Ángel Rodríguez -jefe de Gabinete de Díaz Ayuso-, de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, del fiscal de delitos económicos Julián Salto, de los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General y de varios periodistas en la causa que se sigue contra el fiscal general.
Asimismo, están a la espera de las diligencias que el magistrado Ángel Hurtado encargó a la UCO sobre el móvil de Álvaro García Ortiz, después de que se hallaran «cero mensajes» en sus dispositivos en los días clave para la presunta filtración sobre González Amador.
Polémico software
Por su parte, la causa relativa a Begoña Gómez comienza 2025 con la vista puesta en los representantes legales de Google Spain, Indra y Telefónica, que declaran como testigos el 22 de enero por sus inversiones en un software de la Universidad Complutense que Gómez se habría apropiado de forma indebida.
También sobre la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, está pendiente que la UCO verifique si Gómez figura en más cuentas bancarias, además de las 11 en las que consta con un saldo total de 40,25 euros recogidas en una lista del Punto Neutro Judicial.
Otro nombre en la agenda judicial de 2025 es el de Luis Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó La Fiesta. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya envió al Supremo la denuncia que presentó el empresario Álvaro Romillo en su contra por supuestamente haber recibido 100.000 euros en efectivo para su formación.
Los jueces también deberán pronunciarse sobre el recurso que presentó la asociación Liberum contra el Gobierno central por su supuesta «inacción» ante la dana. Como esta, hay una decena de querellas contra Sánchez y varios ministros.
Otro tema pendiente este año es la demanda civil -admitida a trámite en octubre- que el magistrado jubilado Manuel García Castellón presentó contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por intromisión en su derecho al honor. Le reclama 240.000 euros por llamarle «corrupto» y prevaricador.
Asimismo, está la demanda civil en la que el novio de Díaz Ayuso reclama 40.000 euros a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor por unas declaraciones que hizo en el Senado.