Sin capacidad o voluntad para aliviar la desavenencias entre las dos patronales que integran a las empresas del transporte, el convenio del sector continúa atascado seis meses después de que los trabajadores acudieran a la huelga una vez  que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) declarara nulo el pasado 30 de junio el correspondiente a los años 2016-2020 tras la demanda presentada por CETM.

 Nuria Vicente, la portavoz sindical, asegura que la pelota permanece en el tejado de la patronal  incapaz llegar a un acuerdo para definir la representatividad de cada una de ellas en los foros de negociación. 

Fue, precisamente, esta incapacidad de CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, y la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja (Atradis), perteneciente a la FER, para alcanzar ningún tipo de acuerdo el germen de un paro que protagonizó el transporte a primeros del pasado noviembre, aunque, bien es cierto, con escaso seguimiento.

«Las patronales siguen sin acordar su peso en la mesa, y seguimos igual», señala Vicente, que actúa en nombre de los sindicatos  Comisiones Obreras, UGT, USO y CSIF, que han mantenido la unidad de acción durante todo el proceso. Las divergencias entre las patronales son aún más difíciles de limar, al carecer en La Rioja de un organismo de arbitraje que contribuya a determinar el número de representantes de cada organización en los foros de negociación.

Recuerda que en diciembre pasado se acudió a Inspección laboral, donde alcanzaron el compromiso para determinar el reparto de miembros en las mesas, pacto que se ha diluido en el tiempo. Ante esta situación de atasco, al que no se ve solución, los representantes de los trabajadores se encuentran valorando los pasos a dar para lograr el desbloqueo de una situación que, señala, no es fácil. «Las dos patronales están muy cómodas;ni se hablan, ni se comunican, ni nada», se queja amargamente la responsable sindical, que acusa a las empresas de «desidia», al ser incapaces de ponerse de acuerdo, lo que impide a los empleados del sector actualizar el convenio.

Precarizado. «Cuando se anuló el convenio ya dijimos que iba a traer más de un problema, ya lo sabíamos», señala  Nuria Vicente, secretaria general de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Recuerda que CETM-en la que se integran Grupo Arnedo y Transáez- denunció el anterior convenio, que había sido suscrito solo por Atradis, porque consideraba nula la negociación al no haber estado representada en la mesa, una consideración que el TSJRratificó.

Vicente afirma que se trata de un ámbito «muy precarizado» en sus condiciones laborales o a consecuencia de que hay empresas que no se atienen las normativas. «Es uno de los sectores en el que los trabajadores denuncian más incumplimientos del convenio o impagos», cuenta la sindicalista, que señala que hay mercantiles que han mantenido las condiciones del convenio anulado.

«Todas las puertas que hemos tocado han sido infructuosas», señala la representante sindical, que explica que Inspección de Trabajo no puede exigir a las patronales  pactar la manera de acreditarse.