La pandemia obligó a las administraciones públicas a hacer acopio de elementos de protección que en aquel momento se demostraron como la única manera eficiente de contener la expansión del coronavirus. La Rioja no fue una excepción y a través de diversos contratos adquirió el número suficiente de mascarillas para garantizar la protección de los ciudadanos en un momento en el que su uso era obligatorio. El problema ha venido después, cuando los almacenes se han llenado de este tipo de dispositivos que ya no tienen uso. Así, tal y como admite el Servicio de Régimen Jurídico y Protección del Patrimonio, el Gobierno riojano disponía a principios de mes de 2.760.272 mascarillas depositadas en sus instalaciones. En julio de 2020, apenas un mes y medio después de que se decretase obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y exteriores, las existencias del Ejecutivo regional se cifraban en 6,1 millones entre los diferentes tipos: quirúrgicas, higiénicas, FFP 2 y FFP 3.
El principal problema de la gran mayoría de esos cubrebocas es que son ya complemente inservibles. Y lo son además, por dos razones. La primera, el tiempo que ha pasado desde su almacenamiento. Este tipo de elementos de protección pueden utilizarse, como máximo, hasta tres años después de su fabricación y la mayor parte de los que la comunidad autónoma posee han superado ya esta fecha. A ello se añade, además, otra circunstancias que impiden su utilización y es que el grueso de las mascarillas almacenadas son del tipo 'higiénico', cuyo nivel de protección es muy inferior al que ofrecen las de tipo 'quirúrgico' o las más comunes FFP2.
La polémica ha rodeado, además, a esas mascarillas que ahora permanecen olvidadas en la nave de Arrúbal. Su adquisición se llevó a cabo a través de dos contratos tramitados por el Servicio Riojano de Salud por la vía de urgencia lo que permitía "contratar sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente". Dos fueron la empresas a las que se adjudicaron sendos lotes: Tec Pharma y Arneplant y aunque a tenor de la información facilitada ambas compañías no respetaron en su totalidad los términos del documento firmado, la respuesta del Ejecutivo fue diametralmente opuesta a la hora de resarcirse de este incumplimiento.
Así el Seris ha presentado hasta tres reclamaciones contra Tec Pharma, compañía a la que adquirió 950.000 cubrebocas por un importe total de 3,47 millones de euros, al entender que parte del material era defectuoso. El Servicio de Salud con el aval de un informe del Consejo de Estado, solicitaba la devolución del importe abonado por esos protectores que no tenían la calidad acordada, más 300.000 euros en concepto de indemnización, lo que arrojaba una cantidad total cercana a los tres millones. Según fuentes del Ejecutivo regional, la empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia después de oponerse al pago por la vía administrativa.
Esta petición de responsabilidades a Tec Pharma contrasta con la actitud seguida con Arneplant, pese a que, según todos los indicios, tampoco cumplió fielmente lo estipulado en el contrato. El 19 de mayo de 2020, el Seris (expediente 15-3-8.01-0053/2020) aprobó la compra de "5,5 millones de mascarillas quirúrgicas por un importe de 3,08 millones de euros" a esa empresa. Sin embargo, y a pesar de que en la resolución se especifica que estos tipos de protección serían del tipo "quirúrgico", los que finalmente recibió el Gobierno de La Rioja fueron de la modalidad "higiénica", como puede comprobarse en la etiqueta de las que permanecen almacenadas todavía. Pese a esta circunstancia, no consta que el Ejecutivo de Concha Andreu presentara reclamación alguna. Tampoco esté contrato tuvo cabida en la comisión creada en el Parlamento regional para tratar de esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compra de material sanitario durante la pandemia.
Como se recordará, el Gobierno regional envío, una vez pasado el confinamiento gran cantidad de estas mascarillas higiénicas a los colegios y otros centros. Sus especiales características y la posibilidad de acceder a otro tipo de dispositivos de protección más adecuados provocaron que muchas de ellas volvieran de vuelta a los almacenes regionales.