Bajo el lema 'Todo por La Rioja' , la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) celebra hoy su congreso regional, que todo apunta a que reelegirá a Jesús Vicente Hernández Gil como hombre fuerte de una organización, cuyo desempeño en el ámbito regional es valorado por el presidente nacional, Miguel Borra. Recientemente confirmado al frente del sindicato,  avanza los objetivos en este nuevo periodo, confirmar su hegemonía en la administración y seguir creciendo en el mundo de la empresa. 

Ha sido reelegido con un apoyo muy significativo. ¿Qué metas se plantea para este nuevo periodo?

Efectivamente, el pasado 14 de marzo, en nuestro X Congreso nacional, celebrado en Granada, conté con el respaldo del 97% de los 600 compromisarios. Este apoyo nos va hacer seguir avanzando en esos retos que nos habíamos marcado sobre la base de consolidar a CSIF como una opción claramente diferenciada de los sindicatos de clase. En estos momentos superamos ya los 250.000 afiliados, hemos logrado unos resultados electorales francamente positivos y vamos a seguir avanzando en lo que llevamos trabajando en los últimos años, conectar con las nuevas necesidades de la sociedad española, de los trabajadores y en ser un sindicato cada vez más transparente. En definitiva, nuestros objetivos se asientan, única y exclusivamente, en insistir en nuestra tarea por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores e incrementar nuestra presencia en la sociedad. 

CSIF es la organización sindical con mayor presencia entre los empleados púbicos, y algo menos en la empresa privada. ¿Insistirán ese ámbito?

Siempre decimos que caminamos con los dos pies, el de la parte pública y el de la privada. Cierto es que cuando nace lo hace para trabajar en el seno de la administración, pero ya hace años que hemos ampliado nuestra repercusión en la empresa privada, como es el caso de Talgo, donde somos el principal sindicato;en el caso de La Rioja superamos los 120 delegados en la empresa privada. Es una de nuestras principales apuestas, aunque la ley orgánica de libertad sindical, que es del año 1985, nos plantea dificultades. Favorece a los dos principales sindicatos de clase [UGT y CCOO] y al resto nos perjudica, y mucho. Ello no es óbice para que sigamos avanzando con paso firme en nuestra implantación en el ámbito privado.

Insisten en la reforma de la ley sindical para que sea suficiente el 5% de representación para estar presente en las mesas de negociación.

Efectivamente. Sería importante lograr esta modificación para que todos contáramos con las mismas reglas de juego, porque en estos momentos los sindicatos de clase gozan con ventaja. Aunque no sea fácil, vamos a seguir trabajando para incrementar nuestra representación.

Como sindicato mayoritario en la función pública de La Rioja, ¿cuáles son los principales problemas que detectan?

La fuga de profesionales que marchan a las comunidades vecinas, a País Vasco y Navarra, que realizan una competencia desleal por las condiciones retributivas que ofrecen. También tenemos un problema al ser limítrofe con comunidades con lengua propia; desde CSIFsiempre hemos defendido que las lenguas cooficiales sean mérito, pero nunca requisito para el acceso a la función pública. Nos encontramos con comunidades que blindan sus ofertas a través del idioma, como País Vasco o Cataluña.

¿En qué situación se encuentran las plantillas?

No hay previsión y, por ejemplo, en el área de educación, comenzamos el curso todos los años careciendo de gran número de docentes, entre otras cosas, porque los interinos comparten listas con Navarra, donde los llamamientos se realizan con antelación y los salarios son mejores. Debemos logra el acceso al grupo B y un nuevo modelo de carrera profesional para cobrar el 100% de lo pactado.

La interinidad también es muy elevada.

No hay que olvidar que a 31 de diciembre, de acuerdo al compromiso con la Unión Europea, la interinidad no puede superar el 8%, un horizonte que vemos difícil que se pueda cumplir. Hay abiertos muchos procesos, pero mientras no se eliminen las tasas de reposición y no haya estudios sobre las necesidades reales, tememos que los dirigentes seguirán abusando de la temporalidad.

¿Cómo están funcionando los procesos de estabilización?

Llevan velocidades dispares, en función de las administraciones. Hay un ingente número de procesos de estabilización y de ofertas de empleo público. Va a haber miles de personas que puedan estabilizar, pero entendemos que el ritmo es lento y la cuantía, insuficiente.

Las plantillas, precisamente, están muy envejecidas.

Hemos estado muchos años con una tasa de reposición del 10%, lo que ha envejecido las plantillas. Se irán incorporando con las nuevas ofertas personas más jóvenes, pero estamos siempre en lo mismo, que los políticos solo miran en ciclo corto, y hay que poner las luces largas.

Uno de sus objetivos de ámbito nacional es lograr las 35 horas en las administraciones.

Así es. Ahora hay gran disparidad en los diferentes territorios. Ya le hemos planteado al ministro, José Luis Escrivá, una modificación  de la normativa básica que rige a los empleados públicos para que se implanten las 35 horas. Hay que tener presente que los logros que se alcanzan en la administración pública tienen su reflejo en la empresa privada;nuestro objetivo son las 35 horas para todos.

El otro gran reto de CSIF es la recuperación del poder adquisitivo.

Totalmente. Ya  que este año concluye el mal pacto, acordado con los sindicatos de clase, que nos llevó a perder un 6% añadido, hemos planteado al ministro que es necesario sentarnos para que los trabajadores públicos recuperamos el 20% perdido desde 2010.

Los mutualistas son un colectivo en pleno protagonismo.

Llevamos años denunciando que la financiación del modelo mutualista es insuficiente, lo que repercute en la calidad de la atención sanitaria. 

El teletrabajo se impuso en la pandemia. ¿Cómo va su implantación?

Ha llegado para quedarse, y no solo en la función pública, sino en otros ámbitos. Debe prevalecer la calidad del servicio y respetar la potestad del ciudadano de relacionarse con la administración de manera presencial, aparte de tener en cuenta que hay grandes colectivos con dificultades para establecer relaciones telemáticas. Teniendo esto en cuenta, hay que mejorar las condiciones de los teletrabajaderes, y deben ser las administraciones el motor del cambio.

Escrivá quiere introducir cambios importantes en la función pública, la evaluación de los funcionarios y ligar el suelo a los objetivos.  ¿Qué opinión les merece?

La evaluación del desempeño no es nueva, y le hemos dicho al ministro que esos criterios deberán ser negociados; lo que no vamos a permitir son arbitrariedades. Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo que no vamos a permitir es que permanentemente se cuestiona nuestra profesionalidad. Le hemos invitado a abrir las mesas de negociación.

Dice el ministro que el objetivo es hacer de los servicios públicos es ser más accesibles, más eficientes y garanticen mejor los servicios a los ciudadanos. ¿Cómo se logra?

En principio, dotando a las plantillas de los recursos humanos necesarios, que deben estar bien retribuidos. Las administraciones públicas no deben estar politizadas, sino que a los puestos directivos se debe llegar a través del mérito y la carrera profesional.