El pacto alcanzado en 2023 entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana (ERC) para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que materializó el lunes una de sus exigencias con la asunción por parte del Estado de 17.104 millones de euros de la deuda de Cataluña, ha provocado una auténtica marejada en la política nacional al extender este perdón a todas las comunidades de régimen común y amenaza con causar un maremoto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reúne esta tarde.
Hacienda ya había puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones la posibilidad de condonar la deuda regional con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), pero la decisión definitiva, según señala la web de La Moncloa «beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado». De esta manera, cualquier tipo de deuda que las comunidades tengan con la administración central podrá ser objeto de esta quita, aunque el peso de la financiación a través de los mecanismos extraordinarios ha aumentado en La Rioja más de 30 puntos en los últimos años hasta situarse en el 56,8% del total de su deuda, en línea con su importancia en el conjunto de comunidades autónomas, donde el incremento ha sido del 60,5%.
A la espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique cómo se va a concretar esa quita, a La Rioja le perdonará 448 millones, el 27,6% de su deuda, que ha calculado sobre los 1.625 millones con los que cerró 2023, una cifra que creció levemente, hasta 1.632 millones, en el tercer trimestre de 2024.
Tomando como base esta cifra -la del año completo se suele conocer entorno al mes de abril-, la cuantía adeudada equivale al 14,7% del PIB, la más baja, en términos porcentuales, en una década. El grueso de esta suma 1.071 millones, es la que tiene pendiente de abonar al Estado y 561 millones se sustancian en diferentes créditos bancarios, 434 con entidades españolas, y 127, con extranjeras, la más baja en 15 años.
Se da la circunstancia de que los compromisos con entidades crediticias, que han sustentado históricamente las necesidades de financiación del Gobierno riojano -al igual que el resto de territorios-, han ido decreciendo, aunque no a igual nivel -hasta el año pasado- con el que han aumentado los suscritos con el Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios para hacer frente, primero a las consecuencias de la gran recesión, y después a los embates del covid.
Así, en 2011, el primer ejercicio en el que esta comunidad contó con un préstamo del Estado -71 millones-, los bancarios ascendían a 974 millones, una tendencia que se mantuvo;en 2020, el año en el que la deuda riojana tocó techo, con 1.653 millones, se debía 1.087 a la banca, 476 al Estado, y 90 millones en bonos. No fue hasta 2023 cuando el pasivo de La Rioja con el Estado -922 millones- superó a la banca, 703, un ritmo que se aceleró el año pasado, cuando esta comunidad superó por primera vez los 1.000 millones de obligaciones con la administración central -1.071-, para reducirlas notablemente -561- con la banca.
La evolución. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), fechado en julio del año pasado, desde el año 2007 (3,5%), la ratio de deuda sobre el PIB de La Rioja aumentó más de 16 puntos hasta situarse en 2020 en su valor máximo (20,4%) coincidiendo con el repunte de la pandemia.
Desde ese punto, la ratio se ha reducido 4,7 puntos hasta situarse en el 15,7% del PIB a final de 2023, por debajo de los niveles en torno al 18% donde la ratio se había estabilizado en los años previos al estallido del covid.