El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la ley aprobada el pasado año por el Gobierno de La Rioja para tramitar de urgencia contratos públicos sobre la ejecución de los fondos de reconstrucción de la Unión Europeo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer la presentación del recurso, sostenido en un informe del Consejo de Estado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, informa Efe.
Según Torres, los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley autonómica de Medidas Fiscales y Administrativas para el presente curso "son incompatibles" con las bases nacionales relativas a los fondos europeos e invaden competencias del Estado, por lo que son inconstitucionales.
También ha observado que podrían vulnerar la normativa de la UE en materia de contratación, lo que podría "tener riesgo de correcciones y afección económica" en cuanto a la concesión de los fondos 'Next generation', impulsados para reactivar la economía tras la pandemia.
"A juicio del Gobierno y tras el dictamen del Consejo de Estado, entendemos que es un artículo de carácter nulo y fuera de la Constitución", ha explicado el ministro.
Torres ha recordado que el Gobierno central y el de La Rioja, gobernado por el PP, establecieron una mesa de negociación para tratar de alcanzar un consenso y evitar el pleito.
"No fue posible el acuerdo y estamos abocados a solicitar ese recurso al TC", ha lamentado el titular de Política Territorial.
El primer apartado impugnado de la ley ampara que se pueda acelerar la tramitación de los procedimientos administrativos para ejecutar las partidas procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación "sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio".
"Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de que, de conformidad con la normativa europea, la declaración de urgencia de los contratos públicos requiera de una motivación para cada contrato atendiendo a las circunstancias concurrentes", reza el punto 2, también recurrido por el Ejecutivo central.
El Gobierno riojano alegó que su ley de medidas fiscales buscaba conseguir que los fondos europeos pudieran disponerse cuanto antes en beneficio de la ciudadanía.