El Tribunal del Deporte de La Rioja ha suspendido de forma cautelar el proceso electoral de la Federación Riojana de Fútbol a la espera de dictaminar una resolución definitiva sobre el recurso presentado por uno de los candidatos.
Ha semanas Gustavo Sáenz, que ha sido candidato a la Federación en los dos últimos procesos y pretende repetir en este, presentó un recurso contra el proceso electoral principalmente por no estar de acuerdo con el censo establecido, aunque también alegaba otras cuestiones, informa Efe.
Según su posición, los dirigentes de la Federación habrían optado por iniciar el proceso en un momento en el que muchas licencias no se habían tramitado todavía, lo que reduciría de forma notable el censo de jugadores y entrenadores respecto a anteriores comicios.
El proceso electoral marcado estaba ya en un periodo previo a la presentación de candidaturas a la asamblea de la Federación Riojana de Fútbol, que debería constituirse el 25 de noviembre, mientras que la elección de presidente tendría lugar el 20 de diciembre.
Sáenz reclamaba en su recurso la suspensión cautelar del proceso y el tribunal entiende que debe hacerlo porque en caso contrario la resolución definitiva podría llegar cuando ya hubiera avanzado el proceso, según al resolución a la que ha tenido acceso EFE.
Porque, detalla el tribunal, una suspensión cautelar causa menos daño al interés público, a posibles candidatos y al recurrente que si el proceso siguiera ahora adelante, ya que no se puede garantizar que la resolución firme llegue antes de las fechas marcadas en el calendario.
Además si el proceso siguiera adelante y finalmente se diera la razón al recurso, las elecciones tendrían que volver a empezar desde el principio.
En cualquier caso, tampoco está claro que la Federación Riojana de Fútbol, que ahora debe esperar la resolución definitiva, pueda completar su proceso antes de fin de año, como, en teoría, deben hacer todas las federaciones deportivas.
Además, contra esta suspensión cautelar también se puede recurrir, en el plazo de dos meses, iniciando un proceso contencioso-administrativo.