Casos por la vía penal que acumulan hasta ocho años en Instrucción, procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo que deberían solventarse en mes y medio y superan actualmente los seis, y en definitiva, una situación que traslada procedimientos hasta los cuatro e incluso cinco años. La Justicia riojana sufre retrasos. Una afirmación que no supone novedad alguna y que queda plasmada en las diferentes memorias que anualmente publica el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).
Ahora bien, en el marco de una situación que perjudica directamente a la sociedad en general en su derecho de acceso a la Justicia, el partido Judicial de Calahorra proyecta la imagen propia de una tormenta perfecta. De por sí, tal y como explica Federico Bravo, decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja, los partidos judiciales pequeños cuentan con una mayor interinidad. Pero focalizando de nuevo en el caso concreto de La Rioja Baja, acaba de concursar a traslado una jueza de Calahorra si bien, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no ha comunicado su traslado, según fuentes del TSJR. Una interinidad que se ajusta también a funcionarios lo que origina que la entrada de uno nuevo precisa de cierto tiempo hasta que de nuevo se agilizan los procedimientos. «Es muy complicado que con esta interinidad se pueda coger el ritmo del Juzgado», detalla un letrado de Rioja Baja. Todo ello desde una perspectiva estrictamente laboral.
Pero Calahorra sufrió, como el resto de tribunales de Justicia, los efectos de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del covid-19. Superado el virus y restablecidos los cauces de tramitación judicial, llegaron los dos incendios provocados en las instalaciones judiciales de Rioja Baja lo que derivó en un puntual y temporal traslado a Logroño lo que, a su vez, originó nuevos y severos retrasos. Y a todo ello, prosigue Bravo, se suma una falta de medios humanos y materiales que impiden recuperar una relativa normalidad que de por sí se ajusta ya a los retrasos. Luego llegaron las huelgas de funcionarios y letrados de Justicia. Los datos recogidos en la Memoria 2023 del TSJR también apuntan en la misma línea. La media de asuntos civiles ingresados por cada uno de los tres Juzgados de La Rioja Baja asciende a 840 más 119 ejecutorias, cuando el módulo máximo exigido por Ley asciende a 660. En vía penal, aunque con una menor incidencia, la situación se repite. Cada Juzgado ingresa 992,67 asuntos penales más 16 ejecutorias cuando el máximo asciende a mil. Y otro dato. Solo en 2023, último ejercicio judicial con datos cerrados, ingresaron en Calahorra 5.498 asuntos y se resolvieron 3.258, es decir, un saldo negativo de 2.240 asuntos en el plazo de un único año. Dicho de otra forma, se resolvieron en 2023 un 34,9% menos de asuntos que en 2022 mientras los casos en tramitación crecieron un 70%. Todo ello en civil. En penal, aunque también con porcentajes inferiores, la situación se repite.
La peor parte. Por otro lado, la media de asuntos ingresados por cada juzgado de los tres partidos judiciales de La Rioja, sitúa de nuevo a Calahorra en el punto de mira. Cada uno de sus tres juzgados ingresa una media de 1.832,67 casos al año. Cada uno de los juzgados de Logroño ingresa, por su parte, 1.141,41, mientras que cada uno de los juzgados de Haro asume 1.235,5 asuntos. De hecho, una experimentada abogada riojana ironiza con Calahorra aludiendo «a un agujero negro; presentas un expediente y no se sabe nada de él».
A juicio de Bravo, la situación, complicada en general, «afecta más a partidos judiciales pequeños». Se refiere en este sentido también a Haro, si bien, los datos de la Memoria 2023 dejan a los juzgados de La Rioja Alta en una posición más favorable, que no positiva, que Calahorra. En cualquier caso, los efectos los pagan directamente los abogados y los ciudadanos. «Hay casos de divorcios de mutuo acuerdo que cuentan con un componente emocional y que con el paso del tiempo pueden derivar en complicaciones». Recuerda un asunto penal que lleva hasta ocho años en Instrucción en la Audiencia Provincial. Otro más.
La Rioja «ensaya» un proyecto para llevar a Arnedo funciones «colaterales» de la Justicia
La administración de Justicia ha quedado anclada en «un modelo decimonónico». Una afirmación expresada por el decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja que acompaña refiriéndose a la Ley de Eficiencia que se ha puesto sobre la mesa y «cuya implementación conlleva la puesta a disposición de medios materiales y humanos e inversión, además de una hoja de ruta clara para no seguir dando bandazos», señala Federico Bravo.
Otro de los asuntos abordados por el decano de la Abogacía pasa directamente por el objetivo de «acercar la Justicia al ciudadano». No se trata en este sentido de «crear órganos judiciales en cabeceras de comarca como podría ser Arnedo, Nájera o Santo Domingo, pero sí hay determinados trámites de la administración de Justicia que deberían restar trabajo a los órganos judiciales». Dicho de otra forma, Bravo alude a «oficinas judiciales que se enfrentarían a lo mismo y también sería necesario dotarlas de recursos materiales y humanos». Por otro lado, la posibilidad de crear otro partido judicial en el ámbito de la Comunidad autónoma «seguramente permitiría abordar más asuntos, pero eso es algo que precisa de una reflexión más profunda».
En cualquier caso, y como un primer paso, el Gobierno de La Rioja ha planteado un proyecto piloto en la localidad de Arnedo con el objetivo de derivar determinadas funciones colaterales de la Justicia como puede ser el registro. «Un planteamiento -prosigue Bravo- que obliga incluso a redefinir las tareas de funcionarios y que precisaría, una vez más, de un espacio físico, de inversión y de medios materiales y humanos».
Ahora bien, la normativa de Eficiencia queda «muy bien plasmada en el Boletín Oficial del Estado pero exige unos plazos muy cortos», matiza el decano del Colegio de la Abogacía riojana.
buscar otras salidas. Todo ello se plantea como solución a unos retrasos que tienen sus consecuencias. Evidentemente, los ciudadanos no obtienen respuesta de la administración de Justicia «en un tiempo razonable». Pero los propios abogados también pagan los platos rotos de «una administración que es la gran olvidada». Al hilo de todo ello, Federico Bravo apunta a las dificultades de tratar con clientes que no pueden resolver sus conflictos. Pero también a otro tipo de consecuencias económicas que padecen directamente los propios letrados.
Recuerda así, aunque suponga una obviedad, que «los abogados también pagamos una cuota de autónomos e impuestos». De hecho, hay profesionales de la abogacía que han quedado por el camino. Es difícil de cuantificar pero «hay despachos, sobre todo de abogados jóvenes, que han tenido que cerrar. No abandonar la profesión, pero sí buscar otras salidas».
Son las consecuencias directas de una Justicia que camina muy lenta, demasiado, y que busca, soluciones.