Pasadas las elecciones gallegas y a dos meses de las elecciones vascas, habría que pedir a quienes nos gobiernan desde Madrid y desde cada comunidad autónoma que utilicen al menos los próximos treinta o cuarenta días, antes de la nueva campaña electoral, para dedicarse a gobernar con rigor y a solucionar los problemas reales de quienes los han elegido. Un mes, al menos, sin insultos, sin querellas inútiles, sin mentiras, sin descalificaciones, sin trampas. Porque, además, en cuanto pasen las elecciones vascas, volverán a tener menos de un mes antes de entrar en otra campaña, la europea, donde, como en la guerra, la que más sufre es la verdad.

Asuntos a los que dedicarse tienen a decenas, por encima desde luego de esa amnistía para delincuentes que, sin embargo, es la única urgente para seguir en el poder. La economía es, posiblemente, la primera. Tenemos una deuda que creció casi 6.000 millones al mes en 2023, ¡doscientos millones de euros al día! Sin contar los intereses, y una Seguridad Social casi en quiebra técnica a la que hay que inyectar dinero a mansalva cada año. Hemos subido el salario mínimo a cifras dignas, pero seguimos siendo el país con mayor desempleo de la Unión Europea, un paro endémico que afecta especialmente a los más jóvenes y a los mayores de 50 años. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha perdido la interlocución con la patronal y está más preocupada en avanzar hacia la jornada de cuatro días, en aumentar las cotizaciones o en disfrazar las estadísticas del paro que en afrontar los problemas de fondo. El más importante, sin duda, el de la productividad. En los últimos años se ha hundido aún más y anota el peor registro de la OCDE. Desde que gobierna Sánchez ha caído un 3,8 por ciento mientras que el salario mínimo ha crecido un 54 por ciento. Sin una mayor productividad, la subida de los salarios y la estabilidad de las empresas es imposible. El pequeño tamaño de éstas, la temporalidad, la deficiente competencia y el peso de sectores como la construcción, la hostelería o el turismo pueden ser algunas razones. Pero hay otras: la falta de una política industrial, la deficiente tecnologización de nuestras empresas, la mala utilización y la opaca gestión de los Fondos Next Generation para abrir mercados de futuro, el peso creciente y la temporalidad en el sector público, especialmente en la sanidad, y la inseguridad jurídica motivada por la hemorragia legislativa especialmente por parte de las autonomías. La seguridad jurídica es un factor clave de la competencia y, hoy por hoy, es un lastre en lugar de una oportunidad para atraer inversiones. Eso sin hablar del maltratado campo, de los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros policías que se juegan la vida en muchos lugares sin medios y expuestos a la muerte, sin que para el Partido Socialista sea una profesión de riesgo, o de los soldados que después de 25 años de servicio, cobran poco más del salario mínimo. Pero no es sólo eso. Incluso las medidas más populistas del Gobierno funcionan mal, como ha puesto de manifiesto Civio, una organización que trabaja contra la opacidad de las Administraciones públicas y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Según Civio, el Ingreso Mínimo Vital se dejó sin repartir 1,000 millones de euros en 2021 y sólo lo están recibiendo hoy 284.000 hogares y no los 745.000 que es la cifra que maneja el Ministerio de Inclusión y que son los que lo han recibido alguna vez. El Bono Cultural Joven se gasta solo un 50 por ciento de lo presupuestado porque los jóvenes ni siquiera lo piden. El cheque de 200 euros, creado en 2022, no llega ni a la mitad de los que tienen derecho. Y las ayudas a la dependencia tardan entre uno y dos años desde que se solicitan.

Si quienes nos gobiernan se dedicarán a arreglar cada uno de estos problemas justificarían su elección y su sueldo y devolverían la confianza de los ciudadanos en la política.