El Gobierno central ha confirmado, vía pregunta parlamentaria, una decisión que ya había adoptado hace tiempo: descartar la idea de desdoblar la N-232 y comprometerse solo a liberalizar la AP-68 cuando expire el plazo de concesión, es decir en 2026. Esta opción, perfecta sobre el papel, choca sin embargo con una realidad que se muestra tozuda. La eliminación de los peajes multiplica el número de vehículos que transitan por ella, lo que tiene un efecto adverso sobre la circulación rodada.
El mejor ejemplo lo tenemos muy cerca, en la antigua AP-1. Los poco más de 80 kilómetros de la autopista que conecta Burgos con Armiñón han visto como se duplican los vehículos, un porcentaje aún mayor en el caso de los transportes pesados. Así, según los datos de la Dirección General de Tráfico, la intensidad media de la vía ha pasado de los algo más de 15.000 automóviles diarios a cerca de 28.000. Eso sin contar los días de máxima afluencia en las operaciones salida y regreso de Semana Santa y agosto, cuando se rozan los 50.000.
Este importante aumento en la intensidad circulatoria provoca, semana sí, semana no, retenciones en la autopista. En cuanto se produce un accidente, por leve que este sea, se repite la imagen de largas colas con coches parados. Y la estadística afirma que entre enero y julio se han contabilizado casi un centenar de siniestros. Es cierto que la mayor seguridad de esta vía ha permitido un considerable descenso de la mortalidad (la N-I tuvo muchos años el récord de muertos en carretera en la provincia), pero ha crecido la cifra global de heridos.
El hecho de que la AP-1 se convierta muchos días en una ratonera para los conductores no obedece solo al aumento de la circulación. También hay que achacárselo a la tardanza en la gestión y ejecución de determinadas obras imprescindibles, porque la autopista se liberalizó en 2018 y seis años después todavía no han comenzado las obras del tercer carril necesario para agilizar el tráfico en varios puntos, y tampoco de los accesos para dar servicio a las poblaciones por las que discurre.
No prorrogar la concesión de la AP-68 supone, sin duda, una buena decisión, pero el Gobierno debería aprovechar el ejemplo de la AP-1 para no cometer los mismos errores. Los estrictos tiempos a los que está sujeta la obra pública obliga a pensar que la conexión de la autopista con localidades muy importantes como Arnedo, por ejemplo, no estarán lista hasta mucho tiempo después de la liberalización. El retraso en los trabajos de construcción de la A-12, entre Logroño y Burgos, también va a contribuir a aumentar la circulación en la AP-68, en el tramo entre Miranda de Ebro y Haro.
El desdoblamiento global de la N-232 no es prioritario, pero sí debería serlo, al menos, ejecutar carriles adicionales en los puntos más conflictivos.