El sector agrario y el medio rural tienen su espacio en el documento sobre 'La nueva coalición de gobierno progresista para España' elaborado por PSOE y Sumar. Sin embargo, probablemente debido a las urgencias del Gobierno para cerrar también frentes de apoyo con otros partidos «progresistas» como los supremacistas del PNV o la derecha catalana, la realidad es que esta propuesta desde la izquierda no pasa de ser una mera declaración de intenciones y se trata simplemente de un corta y pega, de un suma y sigue de históricas reivindicaciones olvidadas y hasta de viejos tópicos. Nada nuevo.

Este documento-propuesta para el cambio, en lo que afecta al campo y el medio rural, está marcado en sus innumerables objetivos por el voluntarismo y los deseos: abusa de los «impulsaremos», «seguiremos impulsando», «fomentaremos», «propondremos», «elaboraremos», «actualizaremos», «desarrollaremos» o «definiremos», sin bajar a compromisos más concretos en tiempo y, sobre todo, en medios. Para este viaje no hacían falta alforjas.

PSOE y Sumar sí recogen y enumeran en su documento la problemática del sector y del medio rural, pero se quedan en un canto al sol mientras el campo atraviesa un periodo de cambios profundos en la PAC, lejos de toda una estrategia elaborada ya desde Agricultura y ante unos mercados globalizados que ya tienen una total incidencia en los resultados económicos de las explotaciones nacionales. Puestos a hacer programas desde la política de pactos, el sector agrario y el medio rural necesitaban otro plan pegado a la tierra con números y plazos, una estrategia de cambios, como lo hiciera en los años setenta el recién desembarcado gobierno de UCD y que sí incidieron en la política agraria.

En cualquier caso, en este documento sobre la política agraria del próximo nuevo Gobierno, elaborado con urgencia por socialistas y Sumar, se podrían destacar algunos objetivos. En materia de agua se plantea una actualización de la Ley para blindar el derecho de los ciudadanos al acceso a este bien ante situaciones de emergencia y lograr una mayor eficacia en su gestión con mejoras de estructuras, saneamiento o depuración, además de medidas frente a sequías o inundaciones. Se impulsará la planificación hidrológica con estrategias sectoriales y territoriales, limitando el crecimiento de los regadíos en aquellos casos en los que no se pueda disponer de nuevos recursos mediante depuración de aguas o vía desalación. También se reforzará el cierre de pozos y riegos ilegales y se impulsará el empleo de prácticas de riego menos consumidoras de recursos.

En relación con el cambio climático se plantea la aplicación de una nueva estrategia, fundamentalmente contra los calores extremos, para proteger a la población más vulnerable. Ello supondría una nueva regulación de la jornada laboral al aire libre. El plan también contempla la adaptación de los centros educativos y de las residencias de mayores a las condiciones climáticas. En este mismo objetivo, en el territorio rural, se plantea otra vez el desarrollo de programas contra la desertificación del territorio siguiendo lo ya aprobado en 2002 como un problema relacionado con el cambio climático, los efectos de la sequía y la explotación insostenible de los recursos naturales.

Fijar población.

Desde la perspectiva del despoblamiento del medio rural, el documento contempla un nuevo impulso a la agricultura familiar y a la ganadería extensiva como ejes por su vinculación al territorio frente a las grandes corporaciones inversoras, así como el fomento y la conservación de la biodiversidad y la defensa de los bosques. Socialistas y Sumar quieren actualizar la estrategia frente al reto demográfico para frenar el despoblamiento con una mayor y mejor ordenación del territorio, un aumento de servicios básicos y una mejora de infraestructuras que permita un desarrollo social y económico. En esta línea se halla la conexión a internet en todo el territorio -un viejo compromiso- y la promesa de una red de transporte público para evitar que hoy estén sin ese servicio muchas partes del territorio; también la implantación de una carta de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia y lo que se denomina implantación de un mecanismo rural de garantía.

Ligado al territorio, se contempla la aprobación de programas denominados como de arraigo social para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios, líneas de ayuda para impulsar proyectos de innovación y de sostenibilidad económica en el mundo rural y laboratorios de innovación para facilitar la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario en iniciativas de futuro.

Con los animales en el eje de las preocupaciones, se impulsará la protección y el bienestar de los mismos, nuevas medidas contra su maltrato y la protección de los que se destinan a fines científicos.

Recogiendo actuaciones ya en marcha desde Agricultura, la propuesta conjunta pretende fomentar igualmente una economía más circular mediante el desarrollo de la Ley de Residuos para conseguir, a corto plazo, la reducción de envases. En apoyo de la agricultura ecológica, que Bruselas pretende que ocupe para 2030 el 25% de la superficie de cultivo, se elaboraría un Plan Estratégico con actuaciones para fomentar su consumo alimentario de calidad diferenciada.

En materia de alimentación, se apunta a una nueva Estrategia para su desarrollo a lo largo de toda la cadena, cuya Ley entró en vigor en 2014 con la administración de los populares. En el mismo contexto de la oferta alimentaria se contempla la mejora a grandes rasgos de los canales de comercialización para darle peso a los medios alternativos de proximidad o a la venta directa. Para lograr una mayor transparencia se optará por la puesta en marcha de un sistema de monitorización de los mercados en los principales productos para controlar el grado de cumplimiento de la Ley de la Cadena.

El documento de consenso contempla otra estrategia contra los incendios de nueva generación y demanda una mayor colaboración con las comunidades autónomas, fundamentalmente en materia de prevención, reforzando las competencias del Comité de Lucha contra los mismos. Además, ambas formaciones acordaron definir planes territoriales de conservación y de restauración ambiental para los territorios más afectados por el cambio climático, como son los casos de Doñana, Mar Menor, Delta del Ebro o Mancha Húmeda.

Sobre la mesa, una avalancha de intenciones, buenas, hacia el campo y el medio rural desde dos formaciones políticas de izquierda ante un próximo nuevo Gobierno. El papel lo admite todo. También desde la derecha.