Que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a su llegada a Madrid decidiera contar con Esteban González Pons, retirarle un poco de sus labores de europarlamentario y asociarlo a su equipo de dirección fue visto como una buena noticia, por ser un político centrado que casaba bien con la imagen de moderación que quería trasmitir el presidente de los populares. Poco a poco Feijóo fue perdiendo esa vitola y bien por convencimiento propio, por las circunstancias políticas relacionadas con la frustración de no haber alcanzado el poder, aumentada luego por la inverosímil negociación de la ley de amnistía, o por la presión de los sectores más duros del PP, ha mostrado sus garras y su feroz crítica hacia Pedro Sánchez y el "sanchismo". En esa metamorfosis se ha rodeado de portavoces que han asumido esas actitudes. González Pons no se iba a quedar al margen de la evolución de su líder y ha dado muestras de estar desencadenado y de que a veces su lengua y sus gestos van más rápido que sus razonamientos. La consecuencia es que ha desbaratado la estrategia de su partido y además tiene que volver grupas y rectificar por el fondo y la forma de sus palabras.

Su declaración acerca de que "el cáncer del Estado de Derecho es el Tribunal Constitucional" quedará en los anales de los ataques más crudos al intérprete de la Carta Magna, además de demostrar que tiene poca memoria o la tiene sesgada. Pons se vio obligado a retirar la comparación y a "disculparse" con las personas que sufren esa enfermedad. Item más, desde la calle Génova le reconvinieron por afirmar que el PP se estaba planteando no volver a recurrir al Alto Tribunal mientras siguiera como presidente Cándido Conde Pumpido, al que calificó como progubernamental.

Y no es que le falte razón en esa apreciación o que en todas las últimas resoluciones se haya producido una votación por bloques -también los conservadores votan siempre de forma unívoca-, sino que parece que no recuerda las decisiones del TC en otros casos cuando contaba con mayorías del sector conservador, o como uno de sus presidentes llegó al cargo cuando aún tenía el carné de militante del PP.

Pero cuando todo el partido estaba centrado en poner de manifiesto la nueva cesión del Gobierno a Junts, a cuenta de la modificación de la consideración de los delitos de terrorismo, las declaraciones de González Pons desviaban la atención y le afeaban que fueran muy parecidas a una acusación de lawfare, palabra que en el PP no quieren escuchar, y de la que el TC no se puede defender.   

Máxime cuando el juez Manuel García Castellón está siendo objeto de ataques por parte de todos los socios del Gobierno por la 'oportunidad' de sus autos en las causas que afectan a los posibles beneficiarios de la amnistía y ha obligado al PSOE a traspasar otra de sus líneas rojas, para rebajar la gravedad del delito de terrorismo "siempre que no hayan causado violaciones graves de derechos humanos", relacionada sobre todo con la causa sobre el Tsunami Democrátic. Sería chusco que tras las cesiones realizadas por el Gobierno, después de todas las declaraciones sobre si los hechos investigados son o no constitutivos del delito de terrorismo, la causa quedara archivada si se demuestra que el juez dictó una resolución fuera de plazo para seguir investigando, lo que le ha permitido imputar a Puigdemont por terrorismo.