Las necesidades de la sociedad chocan demasiadas veces con la burocracia. Lo sufren las empresas especializadas en la retirada de amianto, que en ocasiones reciben solicitudes de clientes para intervenir de inmediato, debido, por ejemplo, a la rotura accidental de un trozo de uralita en una nave, y sin embargo se ven limitadas en su trabajo por los requisitos para la retirada sin incurrir en ilegalidad y en una posible sanción. Lo explica Raúl Bastida, ingeniero de Estructuras y Cubiertas Metálicas Bastida, una empresa autoleña autorizada para la retirada y gestión de residuos con amianto, quien muestra la preocupación de esta firma por un reciente cambio en la normativa que obliga a revisar los denominados 'planes únicos', una especie de documento genéricos que permite realizar pequeñas intervenciones rápidas y urgentes sin tener que redactar un proyecto como el que se elabora para obras de mayor calado. Bastida no cuestiona los nuevos criterios que se introducen para unificar la normativa en todo el país, pero sí que el Gobierno de La Rioja lo haya hecho de forma radical el pasado 25 de noviembre «y sin dejarnos opciones».
Esa actualización del 'plan único' exigirá unos tres meses, sin que se haya establecido un periodo de transición. El peligro está en que si no es posible atender con inmediatez avisos de propietarios de edificios con amianto que hayan sufrido alguna rotura se potencien los trabajos ilegales, dado que ahora para intervenir en un caso urgente hay que notificarlo a la Administración regional y esperar respuesta. «Demandamos una respuesta urgente de la Administración. Si se suspenden las actuaciones urgentes, se estarán potenciando las ilegalidades. Ahora mismo estamos desamparados», asegura el ingeniero de la empresa Bastida.
El técnico cita un ejemplo: hace unos días fueron requeridos por una empresa a la que el viento levantó y rompió un trozo de tejado de uralita, lo que exige que intervenga una empresa especializada para repararlo con urgencia, dado que debajo hay maquinaria expuesta a la lluvia, una intervención que la nueva normativa no posibilita realizar de manera inmediata. La normativa general sobre amianto prohíbe que los trabajadores estén expuestos y manipulen las fibras de este material, y exige que sean empresas autorizadas las que gestionen estos materiales, fundamentalmente cubiertas, fachadas y paredes pluviales, además de tuberías, que en gran medida han superado su vida útil.
Está prohibido también colocar placas solares o doblar cubiertas (instalar paneles de chapa sobre el tejado viejo) de amianto, así como fijar anclajes, perforar el material o manipularlo de cualquier forma. Y la normativa no solo es taxativa sino también dura con las infracciones. Hay sanciones de 50.000 euros y más, precisa Raúl Bastida, que cree que muchos empresarios y la ciudadanía no son, en general, conscientes del riesgo de las multas y de la necesidad de que la gestión del amianto se haga con empresas autorizadas, aunque apunta que los casos de trabajos ilegales y de 'dobles cubiertas' se dan. ¿Es caro retirar el amianto? La tarifa de la empresa Bastida oscila de entre 40 a 60 euros el metro cuadrado de uralita retirada, aproximadamente, un precio que incluye su sustitución por panel de chapa tipo sanwich. Para trabajos de más de 100 metros cuadrados, la normativa exige elaborar un plan de trabajo específico.
El material con amianto retirado se empaqueta y se traslada a vertederos autorizados, en el caso de Bastida al País Vasco y Zaragoza, donde se entierra, dado que por ahora no existe tecnología de reciclaje para este tipo de residuos. Bastida, que opera en La Rioja como en Navarra y País Vasco, retira al año unos 50.000 metros cuadrados de material de amianto, lo que en peso se traduce en unas 700 toneladas. La empresa desarrolla un sistema que utiliza la inteligencia artificial para detectar instalaciones con amianto y realizar un censo, un servicio que ofertará a los ayuntamientos, dado que es un requisito que exige la ley y que hasta ahora no han realizado.