El amianto, un material ampliamente utilizado en la construcción y prohibido desde 2002 por su alta peligrosidad para la salud humana, sigue aún presente en miles de metros cuadrados de cubiertas de la popular uralita o en tuberías de fibrocemento de las redes de agua. La normativa obliga a los ayuntamientos españoles a realizar censos sobre los edificios o instalaciones con presencia de amianto y a planificar calendarios de retirada, un deber que no se cumple en La Rioja, donde no existen esos registros municipales. Que la elaboración de los censos sea una tarea pendiente no quiere decir que no exista un control sobre cómo manipular ese material y cómo proceder a su retirada con garantías sanitarias para los trabajadores y la ciudadanía en general.
En La Rioja hay 21 empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (Rera), es decir, capacitadas para retirar este material y gestionar su traslado a los depósitos autorizados, y 85 trabajadores expuestos a ese mineral, de acuerdo con la información facilitada a El Día de La Rioja por el Gobierno regional. Durante el presente año, se han retirado en la Comunidad 462.590 kilos de amianto, notificados a través de los planes específicos de retirada. Lo que no tiene la Administración regional es una estimación de lo que queda por desmantelar, ya que esa información deberán facilitarla los censos municipales, aún no disponibles.
En el caso de Logroño, el Ayuntamiento ha incluido una partida en los presupuestos de 2025 para contratar la asistencia técnica que ayude a elaborar l censo y el calendario de retirada. La Ley 7/2022 establecía un plazo de un año desde su entrada en vigor en abril de 2022 para confeccionar ese registro. «Se planteó en su momento, pero la anterior Corporación descartó hacer ese trabajo», indicaron a este periódico fuentes municipales. «Que sepamos, no hay ningún ayuntamiento riojano que tenga hecho el censo; en su día, pedimos que se haga lo que dice la ley, pero sigue incumpliéndose. Es difícil tener un control sobre el amianto si no se sabe lo que hay», comenta Concha Hernani, portavoz de Ecologistas en Acción en La Rioja, que reprocha al Gobierno regional no mostrar una mayor preocupación sobre esta cuestión.
«En La Rioja, deberíamos ir acelerando este proceso de retirada de amianto, ya que en 2014 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se recoge la protección de la población trabajadora que ha estado en contacto con el amianto, el establecimiento de un censo y la puesta en marcha de herramientas para que se elimine antes de 2030», explica Eva Fernández Antón, secretaria de Salud y Medio Ambiente del sindicato Comisiones Obreras en La Rioja.
Matiza Fernández Antón que aunque la legislación no obliga a retirar el amianto si se encuentra en buen estado, en La Rioja no hay datos sobre qué cantidad de este material queda por retirar, pero es fácil comprobar su presencia en un sinfín de edificaciones e instalaciones industriales, «lo que provoca que las personas trabajadoras en el sector de la construcción y el agua, puedan encontrarse amianto».
En España, el amianto comenzó a utilizarse a partir de los años 40, aunque su uso masivo en placas de cubiertas, bajantes de aguas residuales, canalones, depósitos de agua, tuberías y hasta bancos y mesas se produjo entre 1960 y 1985. En 2002 llegó su ocaso, cuando la utilización y comercialización de fibras de amianto y productos que la contengan quedó prohibida. «Nos preocupa el deterioro que pueda haber en el fibrocemento (material que contiene amianto) utilizado en la construcción y sabemos que deben realizarse intervenciones de desamiantado por su utilización de forma masiva en aquellos años», indica la responsable de Salud y Medio Ambiente de CCOO, que muestra su extrañeza por el hecho de que ningún trabajador haya acudido al sindicato a interesarse por los riesgos de haber manipulado amianto, lo que le hace pensar que hay desinformación.
Sin datos sobre afectados. Al igual que no hay censos tampoco hay datos regionales de accidentalidad por exposición al amianto. El Ministerio de Seguridad Social indica que de enero a noviembre de 2024 se han comunicado en toda España 53 partes de enfermedad profesional por amianto, 10 de ellos con baja. «En La Rioja no tenemos constancia de que haya víctimas confirmadas», señala Eva Fernández Antón, que sospecha que existe una infradeclaración, dado que en torno al 80% de las enfermedades profesionales no se declaran. A eso se suma la gran rotación del personal en la construcción, que dificulta el seguimiento, y el hecho de que el daño pueda manifestarse como un cáncer de pulmón cuando el trabajador ya está jubilado y no se relacione con su exposición al amianto en su etapa laboral.