La adjudicación de la variante de  Rincón de Soto -la última de gran calado sobre una obra que se va a acometer en La Rioja- a una UTE liderada por una empresa catalana, Copisa Constructora Pirenaica, ejemplifica una de las quejas que menciona Juan Ramón Liébana, secretario de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), que informa de que solo el 25% de la obra pública la realiza firmas riojanas, aunque reconoce que tienen su hueco como subcontratistas. Esta circunstancia dificulta progresivamente la posición de las compañías de la comunidad para mantener la clasificación como contratistas del Estado, que se ven además perjudicadas, según explica, por los cambios introducidos por el Ministerio al respecto, que «benefician a las grandes empresas».

El secretario de la CPAR también critica el bajo nivel de adjudicación -hasta octubre, de 185 millones licitados solo se habían contratado 15- [la variante de Rincón se publicó en el BOEen diciembre]-, a consecuencia de que la mayor administración inversora, el Estado, suele plurianualizar las actuaciones, con lo que se produce «cierta distorsión».

El responsable de la CPAR menciona también otra circunstancia por la que «llevan mucho tiempo peleando», la negativa del Gobierno central a establecer un sistema de revisión de precios en los contratos públicos, lo que plantea un «problema a las pymes», que  vincula a las condiciones de los trabajadores. Liébana, que señala que la construcción es un sector que ofrece trabajo «de calidad» -el 72% de los contratos fueron indefinidos en 2023-, apunta que han introducido una revisión salarial del 10% conforme al convenio marco pactado entre patronal y sindicatos, mientras Fomento «nos niega un sistema de revisión de precios».

«Hay que buscar fórmulas para  ello y garantizar así estabilidad al empleo», razona el secretario de la asociación vinculada a la FER, que señala que las medidas introducidas en 2020/21 «no funcionaron para las pymes».