La salud española, y por consiguiente la riojana, ha logrado un avance importancia gracias a los acuerdos que se alcanzaron en el Consejo Interterritorial celebrado el lunes 16 de diciembre entre el Ministerio de Sanidad y los representantes de las comunidades autónomas. Muchos de estos acuerdos son peticiones que médicos, enfermeras, sindicatos y asociaciones han solicitado desde años pero que no habían sido escuchadas. 

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, «un auténtico hito» para el sistema sanitario español, subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García. El plan se basa en un análisis exhaustivo de la situación actual de la Atención Primaria, en el que se consideran factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud accesibles y de calidad. 

Uno de los temas acordados ha sido la creación de la figura denominada administrativo de salud. Su objetivo consistirá en encargarse de realizar las labores burocráticas para que los médicos y enfermeras tengan más tiempo para dedicar a sus pacientes.

El portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, Javier Granda, recuerda que han propuesto en multitud de ocasiones reforzar todo el servicio administrativo que existe en los centros de salud. Desde la plataforma les parece «muy acertado» que se cree una categoría que «supla o elimine los aspectos burocráticos de medicina y enfermería».

El Delegado de Sanidad de Csif en La Rioja, Ángel Laspeñas, también está a favor de la creación de esta figura dentro del Servicio Riojano de Salud. «Todo lo que sea que personal administrativo pueda descargar de carga burocrática a los profesionales sanitarios es perfecto. Lo idea es que estos se dediquen a la asistencia sanitaria y no inviertan el 30% de su tiempo en trámites administrativos», apunta.

Csif La Rioja organizó una huelga el año pasado en la que una de sus reivindicaciones era la desburocratización de las consultas.

Otro de los puntos que se abordaron en la reunión fueron el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La finalidad de esto es que cada comunidad cree un registro de personas objetoras de conciencia, que se usará unicamente para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE. Los profesionales que formarán parte de esta lista serán médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras y matronas.

Granda explica que este punto presenta una cuestión que «nunca se ha planteado o si se ha hecho nunca se ha resuelto». «Hay que preguntarse si va primero el derecho de los médicos a decir que no quieren o el de las mujeres a realizar el aborto en los plazos establecidos legalmente», apunta.

El punto de vista de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública está claro, ya que «primero va el derecho de la mujer al aborto». Este acuerdo, advierte, puede provocar competencia con la sanidad privada, ya que «cuando vean el acuerdo se pondrán en armas».

Más profesionales. Otro aspecto de este Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 contempla la incorporación de otros profesionales, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, optometristas y farmacéuticos.

Ángel Laspeñas recuerda que la Atención Primaria  no es solo la consulta del medico, sino que hay más de profesionales. «Cuanto más se refuercen otras categorías profesionales, será mucho mejor para los pacientes y médicos», asegura.