El anuncio el martes de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, de que el Gobierno negocia con Bruselas cómo evitar la introducción de pejes en las autovías no ha traído la tranquilidad a un sector que ha vuelto a revivir la inquietud que ya sintió hace dos años, cuando saltó a la palestra esta polémica. Entonces, las dos asociaciones gremiales del transporte riojano mostraron su frontal rechazo a esta medida, una oposición que reiteran con los mismos argumentos, el tributo de hidrocarburos ya es una carga lo suficientemente pesada para el sector.
Al respecto, Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja (Atradis), alega que de la carretera «se saca suficiente dinero para pagar, al menos, cuatro veces su mantenimiento» a través de este impuesto. Es más, insiste en que se sacan «miles de millones de euros», a través de este y otros gravámenes, como el impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica, las tasas de matriculación o el de transmisiones patrimoniales cuando se vende un coche entre particulares.
Javier Cámara, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías en La Rioja (CETM), se expresa en términos menos clementes que su colega y asegura que el sector contribuye con 12.000 millones de euros a las arcas del Estado a través del impuesto especial de hidrocarburos, «pese a que de esta cantidad solo se destinan 2.000 millones» anuales a la conservación de carreteras. «No se entiende por tanto cómo pese a ese superávit aportado por nuestras empresas de transporte se nos quiera gravar hoy con nuevos impuestos», afirma Cámara, que argumenta que esta medida «no solo lastrará la economía, sino que supondría la pérdida de empleos y el final para muchas empresas que, sin haber recuperado niveles de facturación previos a la pandemia, siguen adelante con enormes dificultades».
El responsable de Atradis reconoce que el impuesto va a afectar a los particulares, pero limita el daño que va a suponer para los ajenos al sector. «A un ciudadano le va a a saber muy mal, pero se va a tratar de una cuantía pequeña porque, en general, no hace demasiados kilómetros, al contrario que un camionero que recorre grandes distancias», alega.
«Me parece a mi que está suficientemente gravado el sector como para pagar el mantenimiento», reitera Gutiérrrez, que reconoce que las carreteras y su mantenimiento «valen mucho dinero», pero razona que su aportación cubre con creces esta exigencia.
Liberalización. La introducción de este peaje contrasta además con la anunciada liberalización de la AP-68 en 2026, como así destaca el presidente de la asociación de la FER. «Ahora que estamos palpando las mieles de que se liberalice la autopista, que hemos estado pagando toda nuestra vida porque no teníamos un solo kilómetro de autovía, resulta que ahora hay que pagar estas», apunta Gutiérrez, que exclama que ¡antes se pagaba porque no había y ahora también!
Cámara afirma que «se puede llegar a producir la fatal paradoja de que la AP-68, la única vía de alta capacidad que atraviesa La Rioja nunca vaya a ser gratuita».
Las asociaciones de transportistas concluyen en la consecuencias negativas de diversa índole que tendrá la medida. «La presión fiscal es de tal calibre que desincentiva a cualquier actividad empresarial», alega el responsable de Atradis. El secretario general de CETM avanza que la implantación de peajes se traducirá en un aumento del precio de las mercancías transportadas, encareciendo considerablemente el consumo y, por tanto, empobreciendo al conjunto de la sociedad.
Sobre credibilidad y «disparates». La polémica suscitada en esta campaña electoral sobre la imposición de los peajes, con afirmaciones, desmentidos y rectificaciones ha provocado el desdén entre las asociaciones de transportistas riojanos, que inicien en la desconfianza que les transmite el Ejecutivo. «Estamos en lo de siempre; no sé si hablamos de directrices europeas, si son globos sonda, ahora cinco, ahora 25... no sabes a que carta quedar con esta generación de políticos que tenemos», resalta Santiago Gutiérrez, no menos crítico que Javier Cámara.
«Teniendo en cuenta la inmensa sarta de disparates que ha cometido este Gobierno, pues recibimos esta 'noticia' con cautela, perplejidad y preocupación», asegura el representante de CETM, que opina que «esta ocurrencia viene a satisfacer tan solo a un puñado de empresas encargadas de la construcción de infraestructuras viarias que son incapaces de sanear sus cuentas de resultados».