El Decreto de Convivencia en los Centros Educativos de La Rioja, aprobado en junio de 2022 envuelto en polémica, no alcanzará a cumplir ni un año. El Gobierno regional de Gonzalo Capellán iniciará «de forma prioritaria» una ronda de contactos con la comunidad educativa con el objetivo de diseñar un nuevo documento que vea la luz, mediante «el diálogo y el consenso», durante el próximo curso escolar 2022-2023. De esta forma, el decreto aún vigente, suscrito y defendido en la anterior legislatura por Pedro Uruñuela, quedará derogado tras comprobar que «no ha funcionado», detalla Fabian Martín, director general de Innovación y Ordenación Educativa.
El que fuera director del Instituto Bartolomé Cossío de Haro hasta el pasado lunes, cuando se incorporó al área educativa del Ejecutivo, ha padecido en carne propia las consecuencias «de una norma que ha contribuido a deteriorar el clima en las centros y ha minado la autoridad del profesorado», argumenta Martín.
Es pronto aún para entrar en los detalles del nuevo decreto, que de momento ni ha sido bautizado, pero la idea que maneja la dirección general de Innovación y Ordenación Educativa pasa por conservar la parte restaurativa del Decreto de Convivencia vigente e incorporar medidas y «herramientas para que el docente pueda hacer frente a la conflictividad en las aulas». Dicho de otra forma, el Gobierno propondrá y demandará a la comunidad educativa soluciones e iniciativas que «garanticen los objetivos de aprender y convivir en un clima de confianza».
Bajo esta premisa, llegarán al escenario de debate y consenso medidas como la expulsión del alumno, reducida actualmente a «casos de discriminación, igualdad de género o racismo», entre otras causas. Ahora bien, el propio Fabian Martín matiza que esta opción «nunca ha sido habitual en los equipos directivos escolares» y ha estado supeditada a «casos en los que no han funcionado otras herramientas».
También llegará a las mesas de diálogo la denominada autoridad del docente, limitada según los sindicatos en la actual normativa. En este sentido, el responsable de Educación del Ejecutivo riojano se refiere «al principio de veracidad del profesor» y su consideración como «autoridad pública». Cuestiones que, de igual forma, deberán debatirse con la comunidad educativa.
Las familias. Otro de los puntos que se trasladará a una primera fase de diálogo será el papel de las familias. Andrés Toledo, Defensor del Profesor integrado en el sindicato Anpe, cuestiona el hecho de que el actual decreto «no mencione en momento alguno a las familias». Es más, «el decreto permite expedientar a los alumnos y a los docentes, pero no a las familias» cuando se dan casos de conflictividad también «con los padres o tutores».
Todo se abordará en la citada fase inicial considerada «prioritaria» con el objetivo de cerrar un documento «realmente efectivo y basado en el diálogo y en el consenso». A partir de ahí, arrancará su tramitación parlamentaria que concluirá con su aprobación y la derogación del texto actual para implantarse en las aulas de los centros educativos riojanos.
En cualquier caso, la comunidad educativa no ha visto con buenos ojos los criterios establecidos en el Decreto de Convivencia liderado por Uruñuela. Es la opinión generalizada de los sindicatos CSI-Csif, Fsie (escuela concertada) y de Anpe, quienes otorgan un «suspenso», en términos académicos, al documento normativo en vigor. Tanto las plataformas con representación en centros de enseñanza, como la propia dirección general de Innovación y Ordenación Educativa, coinciden en que el Decreto de Convivencia «llegó impuesto y sin ningún tipo de concesión al diálogo» y no ha materializado «los objetivos para los que fue aprobado».
Fabian Martín no lleva ni una semana en el cargo, lo que da buena cuenta de la prioridad que el nuevo decreto supone para la Administración de Gonzalo Capellán.
«Si me miras te denuncio»
Dos jóvenes alumnas aprovechan para «tocarse por debajo de la mesa en plena clase» en un centro de Formación Profesional de La Rioja. El profesor se percata de sus actos y decide mirar para otro lado. Es un caso real ocurrido durante este pasado curso y que fue trasladado por el docente a un sindicato educativo de la Comunidad. Otra joven asiste a clase con lo que el docente califica «como una minifalda que no cubría más que un cinturón». La alumna estira las piernas mientras le dice al profesor que «si vuelves a mirarme te denuncio». Otro alumno también de FP recibe una reprimenda de un profesor y el estudiante, desafiante, le responde que «eso no me lo dices fuera». Tres casos ocurridos este pasado curso académico que han sido puestos en conocimiento de diferentes plataformas de defensa y ayuda al docente.
El Defensor del Profesor, figura integrada en el sindicato Anpe, hará público su informe relativo al curso 2022-2023 entre los meses de octubre y noviembre, como cada año. Actualmente realiza el estudio para concretar datos y estadísticas. En este sentido, Andrés Toledo, avanza que la conflictividad se encuentra en un momento de «estancamiento». El pasado año académico se cerró con hasta quince denuncias al Defensor del Profesor en los que el docente necesitó de ayuda psicológica, y en algún caso, incluso asesoría legal y penal. Son casos ya de cierta gravedad, explica Toledo, que no representan «más allá de la punta del iceberg. Somos conscientes que muchos profesores no denuncian», concluye.