María Jesús Murua vive estos días la desesperación propia que genera la constante amenaza de verse obligada a abandonar la vivienda en la que reside con sus dos hijos desde el año 2013. Su último halo de esperanza apunta directamente al Estado y en la formalización de una nueva prórroga del decreto que reguló la suspensión de desahucios para hogares económicamente vulnerables y que tras su renovación en el pasado mes de junio, caduca el próximo 31 de diciembre. Se agarra a un clavo ardiendo con la confianza, como ocurrió en junio, depositada en un nuevo anuncio que prorrogue la continuidad de la medida el mismo día en que concluye.

De no ser así, este mes de enero el juzgado pondrá fecha a su deshaucio sin que sus opciones económicas le permitan alquilar otro piso. En noviembre de 2022 dejó de abonar los 350 euros de alquiler del piso de Caballero de la Rosa en el que reside desde 2013. Son ya 4.900 euros de una deuda con los propietarios de la vivienda a la que tampoco puede hacer frente. «He buscado otras opciones para alquilar pero me encuentro con precios por encima de los 800 euros mensuales con unos ingresos de 795 euros»  procedentes del Ingreso Mínimo Vital.

Ha quemado todas las alternativas. Ha acudido a Servicios Sociales de la Comunidad autónoma y al Instituto Riojano de la Vivienda. Incluso consiguió cita con el alcalde del Ayuntamiento de la capital riojana, Conrado Escobar. «Todos me dicen los mismo. No hay vivienda social disponible» actualmente. 

Fuera del parque público, más allá de los precios a los que no puede enfrentarse, surge otro problema. María Jesús trabaja puntualmente en la limpieza de casas pero «sin un contrato y sin una nómina resulta imposible que te acepten un alquiler». Sus hijos tienen actualmente 31 y 21 años, ambos con problemas para encontrar un trabajo. «De hecho -relata- la pequeña incluso dejó los estudios para buscar empleo pero de momento no ha sido posible», cuenta entre evidentes signos de emoción. «Mis hijos están mal, aunque intento que todo parezca dentro de la normalidad, dentro de una cierta estabilidad aunque resulte imposible».  

Tiene familia «con la que nunca he tenido demasiada relación pero tampoco quiero dar problemas a otra gente», señala en plena calle, justo debajo del edificio que, de no cambiar las cosas en un plazo de diez días, deberá abandonar.

Prefiere no mostrar el interior de su casa en la tercera planta de un inmueble de Caballero de la Rosa con fachada de ladrillo rojizo en la que reside desde hace una década, ya que «la tengo llena de cajas». De hecho, no sabe si seguir empaquetando sus enseres o esperar a que una nueva prórroga conceda un pequeño alivio temporal.

En el lado opuesto están los propietarios de la vivienda que interpusieron la demanda poco después de abandonar el pago del alquiler. «Quieren reformar la casa y alquilarla o venderla», detalla María Jesús, quien tiene todo el tema del desahucio depositado en manos de un abogado de Logroño que sigue estudiando opciones.

Tampoco es la primera ocasión en que María Jesús Murua se ve obligada a dejar su hogar. «Tras la separación (de su ahora ex marido) el banco se quedó con el piso que teníamos». 

El Ayuntamiento prepara un nuevo Plan de Vivienda Social para paliar el déficit actual

La Rioja ha registrado cuatro sentencias por desahucio por impago de alquiler hasta el segundo semestre del presente ejercicio 2023 según los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la Comunidad es la que menos sentencias ha ejecutado del conjunto de regiones españolas con una reducción próxima al 90% en relación al ejercicio anterior, es decir, de forma previa a la aprobación del Real decreto que suspendió los desahucios y los lanzamientos como medida para paliar los efectos de la inflación. Ahora bien, según el portal inmobiliario Idealista, la morosidad, a tenor de estos datos, no ha descendido, sino que la acuciante reducción de setencias se debe a la moratoria aprobada por el Estado, y que de no mediar resolución, concluirá a final de año.

Todo ello en un contexto en el que el déficit de vivienda social existente fundamentalmente en Logroño pone en serias trabas a los que, como María Jesús Murua, deberán abandonar la vivienda en la que residen a partir del próximo mes de enero. En este sentido, el Ayuntamiento de Logroño traslada que «en breve» presentará un nuevo Plan de Vivienda Social del que el Consistorio no ofreció ayer más detalles hasta culminar su redacción definitiva.

En cualquier caso, la previsión de los expertos es que de no prorrogarse la moratoria de los lanzamientos, el ejercicio 2024 protagonizará un nuevo y considerable aumento de casos de desahucio paralizados hasta ahora por el propio Real Decreto. 

A fecha de ayer, la Administración del Estado no se ha pronunciado al respecto pero también es cierto que la última prórroga, en junio, se aprobó el mismo día que dejaba de estar en vigor.