La conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, tenía un doble propósito, la distribución por todo el territorio nacional de unos cuatrocientos migrantes menores no acompañados, y avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería para que cuando una comunidad se vea sobrepasada por la llegada de estos niños y jóvenes exista un mecanismo de solidaridad para que sean acogidos por otras. Sin embargo, hubo representantes políticos que para paliar el problema migratorio propusieron que el Estado haga "uso de los mecanismos europeos para el control de fronteras".
En efecto, sin duda, esa sería la solución, que los cayucos y pateras no salieran de los lugares emisores de migrantes, que la cooperación internacional contribuyera al desarrollo de esos países para disuadir a quienes buscan mejores condiciones de vida, y defender in situ a quienes huyen de su persecución o de la guerra. Es una solución fácil a un problema complejo, propia del populismo y de quienes buscan excusas para no llegar a soluciones comprometidas. Si ahora no existe una política integral que funcione para abordar el fenómeno migratorio, como tampoco la hubo antes y seguirá sin haberla cuando cambie el signo del gobierno actual, será a otro Ejecutivo al que le toque administrar situaciones que le desborden.
Porque ahora no se trata de resolver un problema estructural, el de la política migratoria con todas sus implicaciones nacionales e internacionales y con acuerdos europeos por medio, sino de resolver una cuestión más coyuntural, la distribución por todas las comunidades de cuatrocientos menores no acompañados, a razón de una veintena, groso modo, por cada una de ella en función de sus recursos, que ya estaba acordada y que no se ha llevado a cabo a pesar de que el Gobierno ha financiado ese traslado y el mantenimiento de los jóvenes, y de que se había aceptado el reparto con carácter voluntario. Pero la solidaridad altruista no ha funcionado y los jóvenes siguen varados en Canarias, donde los centros de estancia temporal están sobrepasados y los gobernantes del PP no atienden las llamadas de auxilio de los gobiernos de Ceuta y de Canarias, donde tienen responsabilidad sus correligionarios.
Que a estas alturas un procedimiento que tenía que ser automático cuando una región fronteriza se ve desbordada se vea condicionados por las presiones de unos partidos u otros, formen o no parte de los gobiernos autonómicos, da idea de que se trata de un problema irresuelto. Que cuando se convoca una reunión para abordar el asunto se sostenga que no se conocían los documentos en los que se preveía la reforma legal para abordar el problema, pese a que habían sido comunicados a los partidos políticos en los que militan, es una evidencia de que lo que se pretende es dilatar la toma de decisiones.
Con el traslado obligatorio de migrantes desde las Islas Canarias a la península bloqueado y sin que funcione el mecanismo voluntario de solidaridad queda la evidencia de que quienes instaron la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, con doce comunidades gobernadas por el PP, no tenían intención de llegar a ningún acuerdo. Las derivadas políticas de la decisión de aceptar un reparto mínimo de inmigrantes, pueden afectar a los gobiernos de coalición con Vox, pero para demostrar que al PP no le mueve ningún cálculo político sino resolver el problema de Canarias debiera adoptar una posición activa en la reforma de la ley de Extranjería.