La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) apareció en España a finales del año pasado, concretamente en noviembre. Los fríos invernales mantuvieron al responsable de su propagación, un mosquito del género Culicoides habitual en la cuenca mediterránea, inactivo, como es lógico. Pero con el paso de las estaciones y el consiguiente aumento de la temperatura estos pequeños insectos volvieron a volar en territorio español y comenzó la transmisión. Se detectaron unos pocos casos en el suroeste peninsular, pero sin tardanza fueron apareciendo positivos más al norte y hasta la fecha se han registrado focos en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Madrid, añadiéndose a estas comunidades las de Aragón, Asturias y Cantabria este mismo martes.
En principio se pensaba que la incidencia de esta patología no iba a ser importante, a pesar de que su propagación se daba más o menos por hecha habida cuenta de la imposibilidad de controlar completamente a los mosquitos que la contagian. Mediado el verano se hablaba de un mortalidad muy baja (menor que el 4%) que hacía presa principalmente en animales ya debilitados y de la inmovilización de los animales de las explotaciones afectadas para sus desplazamientos en vivo (no así al matadero).
Pero parece ser que los efectos están siendo más importantes, lo cual, unido a la poca información que las administraciones están haciendo llegar al sector, está poniendo a los ganaderos de uñas. Eso por no hablar de las pérdidas que están teniendo en determinadas granjas.
Dadas las circunstancias, el Ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, anunció la semana pasada la celebración de una reunión antes de mediados de mes con las comunidades autónomas para analizar el seguimiento y control de enfermedades animales, con la clara intención de abordar el problema de la EHE, ya que reconoció que la situación «no es fácil». «Yo creo que el cambio climático y particularmente este incremento de temperaturas y la falta de lluvia están condicionando mucho la actividad desde el punto de vista de los costes, pero también desde el punto de vista de la vulnerabilidad en la sanidad animal», apuntó.
«En los últimos doce meses gripe aviar, viruela ovina, tuberculosis y, ahora, la enfermedad hemorrágica bovina. Por tanto, situación de riesgo en la que tenemos que ser perfectamente conscientes de que hay que coordinar y unir los esfuerzos entre quien es constitucionalmente responsable de la sanidad animal, que son las comunidades autónomas, pero por supuesto también el Gobierno de España y la Unión Europea», reconoció.
Precisamente desde una de las comunidades autónomas afectadas, Castilla y León, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, pidió la semana pasada la puesta en marcha de un plan nacional que afronte la incidencia de la EHE. Según Iglesias, «sería oportuno diseñar un plan de actuación a nivel nacional para afrontar este desafío». Con este marco de actuación, «de acuerdo con el sector», se contribuiría «de manera notable», según sus palabras, a «paliar la falta de información» y ha hacer frente también a «la incertidumbre y la enorme preocupación que sienten los ganaderos. Estamos hablando de un sector estratégico, démosle el valor que merece», finalizó.
Por su parte, Unión por la Ganadería de Salamanca aseguró que los casos de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se están dando «en toda la provincia» y animó a los ganadores a dar constancia de ellos para conocer la «magnitud» del problema», a la vez que solicitó a la Administración protocolos, ayudas directas e información sobre la forma de actuar respecto a lo ya vivido por esta enfermedad en otros países.
Organizaciones agrarias.
Coincidiendo con el presidente de la Diputación charra, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pidió una reunión urgente al Ministerio de Agricultura para definir un plan de lucha y control de la enfermedad hemorrágica epizoótica ante el creciente número de focos en explotaciones de vacuno de varias comunidades autónomas. «Esta enfermedad tiene graves repercusiones económicas para los ganaderos. Las vacas disminuyen su producción y provoca pérdidas por abortos e infertilidad. Además, supone un significativo aumento de los gastos veterinarios», subrayó Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de carne de COAG.
Según la organización, el plan debería incluir información detallada de la enfermedad, un estudio de la posible evolución de su propagación futura, un estudio de impacto real sobre la ganadería de bovino (tasas de mortalidad, abortos, pérdidas indirectas como afecciones a la vitalidad del rebaño, gastos veterinarios y de productos insecticidas e impacto de limitaciones a las exportaciones), propuestas de control y ayudas para las explotaciones afectadas que cubran la totalidad de las pérdidas.
UPA también se ha puesto en la piel de los ganaderos afectados, que están percibiendo un incremento de la mortandad en el vacuno, además de una bajada de la producción. «Esto se suma a la restricción de movimientos del ganado, además de una falta de información que provoca un gran desconocimiento de este nuevo problema de sanidad animal», denuncian desde la organización. UPA ya pidió hace días por carta al Ministerio de Agricultura que se tome en serio este problema y convoque una reunión con los sectores y territorios afectados destinada a diseñar un plan de control y erradicación de la EHE que incluya medidas de apoyo a los ganaderos, asfixiados por el importante incremento de los costes de producción.
En la misma línea, ASAJA en Castilla-La Mancha solicitó hace ya más de diez días a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mayor información y transparencia en relación a la esta patología que afecta, fundamentalmente, a las explotaciones de ganado vacuno y poblaciones de ciervos, dada la enorme preocupación de los ganaderos por conocer su alcance y la necesidad de que se establezca un protocolo de actuación. Según denuncia la organización, para detectar la enfermedad los ganaderos se ven obligados a revisar diariamente el ganado, a realizar tareas de fumigación y a aislar a los animales que tienen síntomas, lo que conlleva un aumento de los gastos inherentes a su alimentación en los casos de las ganaderías en extensivo. Añaden que todo este manejo de la ganadería conlleva unos gastos adicionales en personal, así como en medicamentos y en productos de desinfección y desinsectación.
A todo ello se une los animales que mueren por la enfermedad, los abortos y las posibles consecuencias en la paridera del año que viene, ya que «el animal que pasa la enfermedad se queda muy débil y el que no lo pasa está sujeto a un estrés adicional en plena cubrición», explican. Es por ello que ASAJA Castilla-La Mancha ha solicitado a la consejería de Agricultura un protocolo de actuación que prevea indemnizaciones a los ganaderos afectados, que ya vienen atravesando un año de enorme dificultad, así como a las explotaciones agropecuarias cinegéticas.