Los 350 funcionarios de justicia de La Rioja están convocados este mediodía a una nueva protesta frente al Palacio de Justicia, que acompañarán con una cacerolada.  Será una movilización más que llevarán a cabo en reclamación de varias mejoras laborales, una huelga, de carácter indefinido, que está provocando la cancelación de  alrededor de un centenar de juicios semanales y «miles de procedimientos», a lo que hay que sumar los señalamientos que han quedado pendientes.

Javier Ochoa, responsable de CSIF en justicia, reconoce que a un sistema que ya venía arrastrando retrasos desde la pandemia se han sumado las huelgas de letrados y funcionarios, que están causando un importante «perjuicio» a ciudadanos y profesionales «que llevan desde enero soportando un peso importante» ante la imposibilidad de realizar juicios, «que les dan el pan de cada día».

Entre las reclamaciones de los funcionarios figura la subida salarial, a imagen y semejanza de lo sucedido con jueces y letrados, que han visto un aumento de las retribuciones, y con «los que conformamos el 93% de los trabajadores de la administración de justicia todavía no se ha establecido una negociación seria». Ochoa, que destaca que «no hay ni un solo papel» que no pase por sus manos, asegura que realizan funciones que corresponden a un cuerpo superior «y las están cobrando ellos». Las reclamaciones salariales  se plantean según los aumentos que el Gobierno ha acordado con otros cuerpos -unos 450 euros- y proponen incrementos desde los 350 euros de los de auxilio a los 430 de médicos forenses y técnicos del instituto de toxicología. Además, señala, aspiran a que se les reconozcan las funciones que «realmente» realizan y el de la carrera profesional, aprobada «desde hace cuatro años y que todavía no se les ha desarrollado».