Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), planteó a mediados de abril, una vez que los letrados de justicia (LAJ) desconvocaron la huelga que mantenían tras llegar a un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop, que serían necesarios 41 refuerzos para afrontar el atasco generado por estos paros y retornar al normal funcionamiento de la justicia riojana tras dos meses de movilizaciones.
Esta previsión perdió toda vigencia casi desde el mismo momento de su redacción, al verse superada por los paros iniciados por los funcionarios de Justicia que, según los cálculos de los propios convocantes, están provocando la suspensión de un centenar de juicios a la semana y el bloqueo de «miles» de procedimientos. El TSJRse verá obligado a elaborar otro plan de choque para tratar de aligerar el volumen de trabajo acumulado en Justicia, ya de por sí saturada, que alcanzaba a finales del primer trimestre, con 17.631, la cifra de asuntos pendientes más alta de la historia.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder judicial (CGPJ), suponía un crecimiento en términos interanuales de 2.816 casos, y de 1.444 en solo tres meses debido, precisamente, a los paros protagonizados por los LAJ, que ha acrecentado una tendencia de empeoramiento que venía produciéndose desde 2017, ejercicio desde en el que no han dejado de aumentar los asuntos sin resolver.
En 2019, justo el año anterior al estallido de la pandemia, se contabilizan 12.251, de tal manera que desde diciembre de es año, el incremento es del 69,5%.
«La situación es de colapso porque todas las actuaciones se paralizan», confirma el abogado Javier Gómez Garrido, que constata que tampoco se producen nuevos señalamientos, una tendencia que se viene repitiendo a lo largo de todo el año al irse convocando movilizaciones de manera consecutiva, lo que ha provocado una paralización «casi total».
Más de l 100%. La información facilitada por el CGPJ confirma las palabras del abogado y hay órganos judiciales cuya tasa de congestión - cociente entre los asuntos pendientes al inicio más los registrados en un periodo y los resueltos- supera el 100%. Es el caso de la jurisdicción civil, que roza el 107%; y la de los social, que alcanza el 109% para una media global del 58,5%.
Otro de los parámetros cuyo desempeño se ha visto comprometido es el de los asuntos ingresados, que, con carácter general, han sido de un 25,3% menos; en el primer trimestre de este año han sido 6.349 frente a los 8.482 de doce meses antes. En el caso de la jurisdicción civil fueron 3.850 en 2022 frente a los 2.015 del presente ejercicio.
En el caso de las resoluciones, la diferencia es aún mayor y la caída supera el 36,5%, de los 8.071 contabilizados durante el primer trimestre del año anterior, 278,31 por órgano, se ha pasado a los 5.030 de este, con una media de 173,45 por órgano judicial.
Y de la misma manera, las sentencias han experimentado también un importante retroceso en los 29 órganos judiciales riojanos, de las 2.369 dictadas entre enero y marzo del año pasado se ha bajado a las 1.606 del primer trimestre de este año. En el caso de la resolución de las mismas, la diferencia es aún mayor y fueron 1.563 en 2022 frente a las 940 de este.
Con esta notable cantidad de asuntos acumulados, Gómez Garrido estima que el diseño de un plan de contingencia va a ser una tarea compleja. «Es un año paralizado y, a lo que ya venía retrasado de manera endémica en la Justicia, se suma que durante muchos meses no se ha resuelto nada», constata el abogado, que entiende que «por muchos planes de choque que se hagan, si no viene aparejado de aumento de personal va a ser muy complicado» desatacar el sistema.
Prima el derecho a la huelga. Javier Gómez Garrido señala que se está produciendo un bloqueo en un servicio «esencial» y entiende que los servicios mínimos no se han establecido «como debería». Afirma que «se ha primado el derecho de huelga sobre la justicia», lo que afecta a los ciudadanos y cita casos de empresas en concurso, que pueden salvarlo, «peo cuando se declare, la empresa ya ha quebrado».
Resalta que hay despachos «que lo están notando» porque sin procedimientos, muchos no minutan y «se están viendo con problemas», una situación que se acentúa en el caso de los abogados de oficio y de procuradores. Esta circunstancia no le hace descartar que se produzcan cierres.