Los riojanos esperan una media de cinco meses para obtener el certificado de discapacidad. Son datos facilitados por el área de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad autónoma y que sitúan a La Rioja por debajo de los seis meses que recomienda la legislación. Una reducción de plazos que el Gobierno regional ha materializado a lo largo del presente ejercicio venciendo así el atasco derivado de la pandemia. De hecho, en 2022, siempre en base a los datos facilitados por Ejecutivo regional, el plazo medio desde que se cursaba la solicitud correspondiente hasta que se materializaba la valoración ascendía a cerca de diez meses. Un periodo de tiempo que descendió ya en 2023 situándose ligeramente por encima de los seis meses.
Los datos, siempre mejorables, ponen a la Comunidad autónoma por debajo de las referencias a nivel nacional. Un reciente estudio de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) señala que el 76% de las personas que solicitan una valoración deben esperar más de los estipulado por la legislación (seis meses) para obtener el certificado de discapacidad.
Ahora bien, tal y como matiza el propio Gobierno, estos datos reflejan medias ya que «hay personas que se está valorando en 2 meses, pero en otros casos, aquellos que tienen patología física, o físicas y psicológicas asociadas pueden prolongarse hasta un año».
Por otro lado, «el nuevo baremo para la valoración del reconocimiento del grado de discapacidad en aplicación del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, ha ralentizado y dificultado el proceso en términos generales en toda España», señalan desde Servicios Sociales. Un nuevo Decreto que, evidentemente, también influye en los plazos que maneja actualmente La Rioja.
En cualquier caso, reiteran, «son medias que varían en función de patologías. Las más complicadas tardan más», apostillan desde la consejería que lidera María Martín.
Más profesionales. Así las cosas, el atasco generado durante la pandemia del covid-19 ha obligado a la Comunidad autónoma a materializar la contratación de personal con el objetivo de agilizar unos tiempos de espera que se aproximaban, de media, a los diez meses. En concreto, Servicios Sociales ha contratado «dos técnicos sanitarios y otros dos terapeutas». Incorporaciones que forman parte de los citados equipos de profesionales dedicados a la realización de las valoraciones que derivarán, o no, en el certificado de discapacidad. Una serie de valoraciones que resultan «más simplificadas en usuarios que tienen dependencia reconocida con grado II y grado III y con grado I en mayores de ochenta años», tal y como describen desde el área de Servicios Sociales de la Comunidad autónoma.
Evidentemente, los tiempos de espera se reducen tras el atasco pandémico si bien, continúan siendo elevados, fundamentalmente en determinados casos considerados más complejos. El informe de Cocemfe critica una abrumadora «falta de recursos» en su análisis de la situación en el conjunto del territorio nacional.
Valoraciones de discapacidad con efecto retroactivo
Sin echar las campanas al vuelo, La Rioja es una de las regiones españolas que puede presumir de haber conseguido acelerar los procesos de valoración y obtención de los certificados de discapacidad. Según los datos de la propia Consejería, «las valoraciones a personas mayores de 80 años, y todas las personas que son de grado II y grado III, se están materializando prácticamente en dos meses de media».
Por otro lado, detallan desde el Gobierno regional, «la Ley obliga a resolver el procedimiento en 6 meses y la Administración siempre cumple porque, cuando se resuelve la valoración de discapacidad se hace con efecto retroactivo». Es decir, «siempre tiene efectos desde la fecha de la solicitud».
En cualquier caso, si ponemos el punto de mira en otras comunidades autónomas, se aprecia que, por ejemplo, en Canarias y Extremadura, el proceso puede alargarse hasta en dos años y hasta 18 meses en regiones como Andalucía oCastilla-La Mancha.